El abogado Rolando Lorca, representante de la demandante de iniciales R.C.P, ha solicitado al tribunal el arresto del alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, debido al incumplimiento de una sentencia que obliga a la municipalidad a pagar una indemnización por perjuicios, lo que se traduciría en más de 40 millones de pesos.
Según se explica, la demandante habría sufrido un accidente el 22 de enero del año 2018, donde habría tropezado con una estructura sólida en el frontis de una sucursal ITAU. Hecho por el cuál sufrió una lesión en su rodilla derecha, requiriendo cirugía pero este no tuvo un resultado positivo, ya que su movilidad se redujo, lo que afectó en su calidad de vida tanto económica como emocional.
En ese entonces, la causa se cerró y resultó a favor de la afectada, motivo por el cuál a la fecha, el abogado Lorca expresa que se ha incumplido la sentencia, pues no se ha realizado el depósito al que fue condenado a pagar, e inclusive, el decreto presentado, que debería acreditar el cumplimiento de la sentencia, no cumple con los requisitos necesarios y no especifica un plazo para realizar el depósito, además de señalar un error en la individualización del tribunal donde se debe efectuar el depósito.
Respuesta
Ante lo expuesto anteriormente, la entidad municipal ha emitido una respuesta oficial alegando que la demanda en cuestión se originó en la administración municipal anterior, en el año 2018, y desde entonces, se ha seguido rigurosamente el proceso judicial correspondiente.
Según el comunicado, el tribunal emitió la solicitud de pago de la indemnización a la contraparte el 21 de agosto de 2023, y esta notificación llegó al municipio el 12 de septiembre. La solicitud de emisión del cheque para el pago se habría realizado el 16 de octubre, y la autorización para su elaboración se dictó mediante Decreto Alcaldicio el 25 de octubre, emitiendo el cheque el día 3 de noviembre del 2023.
También, la Municipalidad subraya que tanto la entidad como su representante legal, el Alcalde Jonathan Velázquez, han cumplido con todos los plazos y trámites legales y administrativos necesarios para efectuar el pago de la demanda en cuestión, por lo que no existirían fundamentos para solicitar una orden de arresto en este contexto.
Finalmente, la entidad reitera su compromiso con el debido proceso en todas las causas judiciales, respetando la normativa y los principios de probidad y transparencia como institución pública.
