La Contraloría de la República ha emitido un informe revelador que pone al descubierto una serie de irregularidades en la Seremi de Vivienda de Antofagasta y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la misma región, en un caso que ha sido denominado «Caso Convenios». Un informe que consta de 95 páginas, que abarca el período desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2023.
El documento detalla una serie de observaciones que ponen de manifiesto un comportamiento cuestionable por parte de ambas instituciones, destacando entre ellas el empleo de 15 personas contratadas por fundaciones que desempeñaban sus funciones en las dependencias de la Seremi y el Serviu de Antofagasta.
Contratos que indica que 12 de ellas, llevaron a cabo actividades propias de la Seremi, incluyendo labores en su gabinete, revisión de rendiciones y contabilización, y algunas incluso tenían acceso a sistemas contables institucionales. Mientras que las otras 3 personas, se desempeñaron en dependencias del SERVIU en la Unidad de Asentamientos Precarios, quienes recibieron transferencias para la ejecución del programa, desarrollando labores internas.
A grandes rasgos, la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios, la falta de exigencia de los planes de trabajo, el nulo control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios, la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar, son algunas de las observaciones resaltadas en el informe.
El informe de Contraloría es el resultado de una investigación que ha durado dos meses, el cuál en palabras del Contralor Jorge Bermúdez, en una entrevista para TVN, esto sería una falta de regulación tanto legal como reglamentario, “uno tiene que ver acá en general una falta de regulación, una falta de regulación tanto a nivel legal como reglamentario. ¿Quién tiene que impulsar esa regulación? Es el ejecutivo, el ejecutivo sectorial, que en este caso es el Ministerio. Si lo que puedo decir es que esto es generalizado de todo el Estado, osea aquí no es un problema del Ministerio de Vivienda, aquí hay dos faltas en el fondo, una falta de control, porque no existen bien regulado ni formalizado un control interno y el segundo problema, es la falta de regulación, pero que no es del Minvu, es en general”.
Por su parte, el Diputado y presidente de la Comisión investigadora del Caso Convenios, José Miguel Castro (RN), apuntó al Ministro Montes y su falta de entrega de los antecedentes de este informe, “el informe que ha entregado Contraloría es sumamente grave, y tan grave como eso, es que el Ministro Montes haya estado hace muy poco días en la Comisión Investigadora y no nos haya entregado gran parte de estos informes que podría o debería haberlo sabido. En ese sentido, vamos a volver a citarlo, y por supuesto le vamos a preguntar porque no nos explicó estos casos, como por ejemplo la parcelación de recursos o el caso de contratación de personas que trabajan dentro del Minvu“.
“El Ministro Montes debe entregarnos esta información a la Comisión y también creo yo, que debería hacer una introspección y pensar en mantenerse o no, en el cargo”, concluyó.
Cabe destacar, que el Ministro de Vivienda Carlos Montes, valoró el informe emitido por Contraloría, agregando que las medidas solicitadas están en marcha y aseguró que están en línea con lo que su cartera ha venido trabajando y forma parte de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia, la cuál tiene tres puntos claves: el Rediseño del Programa de Asentamientos, el Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del MINVU, y el Fortalecimiento Institucional MINVU.