Tras meses de reuniones y encuentros con los representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y distintos gremios de empresas, el ministro Mario Marcel presentó el informe final del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.
En la instancia, el jefe de la billetera fiscal estuvo acompañado por sus pares de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.
De este trabajo el ministro anunció la formulación de los siete primeros proyectos de ley, cuatro que ingresarán en enero y las tres restantes en marzo. Los primeros relacionados con racionalización de permisos para inversiones, otro sobre medidas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otro que regula de manera permanente los convenios entre privados y el Estado. Aquellos que ingresarán en marzo tratarán sobre impuesto a la renta, la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas e impulso de infraestructura.
Sobre los siguientes pasos, el ministro Marcel sostuvo: “Lo que queremos hacer es traducir en acuerdo lo que ya fue un diálogo anterior, en asuntos que podamos empujar en conjunto. Muchas veces nos parece que será muy difícil, pero los invito a mirar los acuerdos en política pública que hemos logrado en los últimos 30 días”
El Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal se divide en seis áreas:
- Necesidades y prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía.
- Compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado.
- Impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía.
- Principios para un sistema tributario moderno en Chile.
- Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta.
- Mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal.
En cuanto a las necesidades prioritarias, las propuestas involucran el aumento de la PGU (1,2% del PIB) a $250.000, el fortalecimiento en salud (0,9%) con foco en tres prioridades: reducción de los tiempos de espera hospitalarios, fortalecimiento de la atención primaria de salud y robustecimiento de las atenciones de salud mental.
También se contempla destinar el 0,3% para la prevención, seguridad pública y crimen organizado, con énfasis en fortalecimiento institucional, inversión tecnológica y carcelaria y Estado preventivo. Finalmente, el 0,3% restante movilizará recursos para implementar un Sistema Nacional de Cuidados y el proyecto de Sala Cuna para Chile.
En otro plano, se proponen 12 medidas de modernización y reforma al Estado; 36 para el impulso al crecimiento; 30 para fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias; 12 principios para un sistema tributario moderno y otras medidas 3 para hacer seguimiento y evaluación de lo implementado.
Finalmente, el Pacto considera medidas de monitoreo a lo implementado, a través de la creación de una Comisión de Seguimiento y una evaluación a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) al cabo de tres años, para identificar grados de cumplimiento y resultados especiales.
“Es un conjunto bien sustantivo de legislación que para la cual la existencia de un acuerdo político nos ayudaría a avanzar más rápido con ella. Si a través de esos proyectos nosotros lo que estamos buscando, por ejemplo, es reducir los tiempos de tramitación de las inversiones, sería bien contradictorio que nos demoraremos cinco o diez años en aprobar esa legislación”, concluyó el ministro de Hacienda.
