El senador por Antofagasta, Pedro Araya, ha propuesto una serie de medidas con el objetivo de poner fin a lo que él describe como una «mala práctica» realizada por algunos extranjeros para retirar sus fondos de AFP. Estas medidas incluyen no recibir ningún beneficio del Estado durante 5 años, no poder optar a la pensión básica solidaria o la garantizada, y ser causal de término de la residencia definitiva en el país.
Esta iniciativa surge en respuesta a un mecanismo que ha sido ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, el cual aprovecha un resquicio legal establecido en la Ley 18.156, promulgada en agosto de 1982 y actualizada en julio de 1988. Según esta ley, estas operaciones fueron autorizadas con el objetivo de incentivar la llegada de técnicos o profesionales extranjeros al país para contribuir al desarrollo nacional.
Sin embargo, se ha observado un aumento en el uso de este mecanismo, lo que ha generado preocupación por posibles abusos del sistema.