Durante la jornada de ayer, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó esta mañana una nueva solicitud presidencial en materia de seguridad. En este caso, el requerimiento aprobado apunta a extender, por 90 días más, el sistema constitucional de infraestructura crítica en la macrozona norte.
A través de este mecanismo, se autoriza a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública a ejercer tareas de resguardo de las fronteras. El propósito es contribuir en el control migratorio y en la detección de crímenes, simples delitos y faltas en dichas zonas.
Esta medida comenzó a operar tras la publicación del decreto supremo 78, el 24 de febrero de 2023. Desde ahí, se ha venido prorrogando cada 90 días. Específicamente, se aplica para las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.
Según explicita la solicitud presidencial, este sistema ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las FFAA y el Gobierno. Ello ha tenido efectos positivos en la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados en la macrozona norte. Sin embargo, se estima necesario mantener estas tareas para controlar el acceso terrestre de bandas criminales y destinar recursos policiales para su persecución.
Se destalló que, desde la entrada en vigor del mecanismo, se han desarrollado 24.095 tareas. De estas, el 73,6% corresponde a patrullajes terrestres. El 59,2% del total de tareas realizadas se ejecutó en la región de Arica y Parinacota; un 26,0%, en Tarapacá; y el 14,8%, en Antofagasta.
Al 27 de octubre del 2024, se ha controlado a 327.321 personas. La mayoría de estas (77,5%) en la región de Tarapacá; un 20,0%, en Arica y Parinacota; y un 2,5%, en Antofagasta. En paralelo, se ha concretado la detención de 916 personas, un 47,3% de estas por faltas y un 52,7%, por delitos. Finalmente, se han desplegado, en promedio, 510 efectivos diarios.
La evolución semanal indica que los ingresos detectados en frontera en la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre disminuyeron en un 31,5%, respecto a la semana anterior. Ahora, en la comparación anual, se informa que, hasta el 3 de noviembre, se observa un aumento del 1,9% en la cantidad de personas detectadas ingresando al país irregularmente, con respecto al mismo periodo del 2023.
Otro punto de comparación es respecto del periodo de aplicación del sistema de infraestructura crítica en la macrozona norte. Al 3 de noviembre (fecha de cierre del informe) contabilizaban 617 días. Así, comparando igual tramo con el periodo anterior, se verifica una disminución de un 5,3% de ingresos clandestinos.
“La aplicación del Decreto Supremo 78 parece estar contribuyendo a una disminución gradual de los ingresos. Si bien los datos actuales indican que no se ha logrado una reducción significativa, en comparación con el periodo anterior, es posible que el Decreto esté ayudando a contener los flujos migratorios, evitando que se repitan los grandes volúmenes observados en 2022”, sentencia el documento.
En la Sala expresaron su opinión sobre el tema Enrique Lee (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Sofía Cid (IND), Renzo Trisotti (IND), Stephan Schubert (IND), Andrés Jouannet (AMA), Yovana Ahumada (IND), Andrés Longton (RN), Sebastián Videla (IND), Leonardo Soto (PS) y Cristián Tapia (IND).
Entre las observaciones, se criticó que la medida, aunque útil, es insuficiente para enfrentar el actual fenómeno migratorio. Así, se llamó a impulsar diversas medidas complementarias.
Una propuesta es definir como delito la migración ilegal. También, avanzar hacia una policía militar de frontera, como unidad especializada en el tema. Otra sugerencia es dar más atribuciones a las FFAA y no dejarlas solo para conducir a los migrantes irregulares a las policías para su control.
Por otro lado, se cuestionó el avance de las expulsiones y el estado de aplicación del acuerdo con Bolivia en materia de delitos.
Asimismo, hubo quienes reconocieron los avances, en especial, respecto de lo que había hace dos años atrás. Así, por ejemplo, destacaron las inversiones en complejos fronterizos y el uso de tecnología para la vigilancia, en otros puntos.
Complementando dicha visión, la ministra de Defensa, Maya Fernández, resaltó la importante labor que realizan las FFAA en las fronteras. Junto a ello, remarcó que el presupuesto de la cartera asegura los sueldos y asignaciones de todas las instituciones para 2025.
En el caso de los conscriptos, sostuvo que se duplicó en los últimos dos años el contingente.
Además, informó que se están buscando diversas vías para generar incentivos para que más jóvenes hagan su servicio militar. Entre ellos, está subir la asignación monetaria existente, estancada desde 2013. También se están financiando los exámenes preventivos y para quienes van al norte. Por último, se están concretando acuerdos con centros de formación técnica para que puedan sacar un título en ese nivel de formación.
Foto: El Periodista
