El partido político Revolución Democrática (RD) se encuentra inmerso en un escándalo que involucra presunta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. En el centro de la polémica se encuentra la diputada Catalina Pérez, cuya pareja, Daniel Andrade, preside la Fundación Democracia Viva.
La bancada gremialista, compuesta por los diputados Juan Antonio Coloma, Cristián Moreira y Juan Manuel Fuenzalida de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ha presentado una querella criminal contra los responsables de los convenios entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta y la mencionada fundación.
Se imputan delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La acusación se basa en la asignación directa de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la Fundación Democracia Viva, señalando un posible beneficio indebido a militantes de RD.
La UDI exige una investigación penal exhaustiva y una mayor fiscalización en la asignación de recursos públicos. Este escándalo ha generado preocupación en la opinión pública y pone en entredicho la integridad del partido RD y la diputada Catalina Pérez, quien se ve envuelta en una situación que amenaza la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas.
Foto: El Mercurio
