La Contraloría General de la República ha emitido un dictamen en donde detalla que los funcionarios públicos que figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no podrán renovar sus contratos a honorarios.
Esto según lo establecido en la reciente Ley de Responsabilidad Parental, promulgada hace seis meses por el Presidente Gabriel Boric.
En ese sentido, desde el Ministerio de la Mujer, explicaron que los «papitos corazón, que se encuentran boleteando en instituciones públicas, deberán autorizar la retención de su sueldo para el pago de la deuda que mantengan, situación por la que ya debieron pasar los trabajadores planta.
En caso de que no aprueben este descuento, verán denegada la opción de mantener su vínculo laboral con el Estado.
