En una importante decisión, la Corte Suprema ha determinado que el Juzgado de Garantía de Arica debe seguir con la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas Vargas y otros delitos ocurridos en Putre, lo cual impactó a la comunidad local y nacional.
El fallo, respaldado por los ministros Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, y los abogados Leonor Etcheberry y Juan Carlos Ferrada, concluye que la justicia civil es la adecuada para investigar estos hechos, y no la justicia militar.
Es por ello, que la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, no seguirá a cargo de esta investigación.
La Corte Suprema señaló que, aunque los delitos investigados ocurrieron durante actividades militares, no justifican la intervención de la justicia militar. Según el fallo, esto se debe a que los actos en cuestión no están directamente relacionados con la organización y los fines de las Fuerzas Armadas.
Además, la sentencia destaca la importancia de los Derechos Humanos y el respeto a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile
La Corte también hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por la justicia ordinaria, no la militar, para evitar la impunidad y garantizar la protección judicial de las víctimas.
Finalmente, la Corte ha ordenado que todos los antecedentes del caso sean remitidos al Juzgado de Garantía de Arica para que continúe con la tramitación de este proceso.
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