En dos instancias legislativas, las y los diputados analizaron los efectos de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio. Por una parte, la Comisión de Medio Ambiente recibió la exposición de la ministra de esta cartera, Maisa Rojas, y del ministro de Economía, Nicolás Grau.
El objetivo de la cita era recabar más antecedentes sobre cuál es el real impacto de la explotación de litio en los salares. Frente a esto, la ministra Rojas expuso sobre los objetivos ambientales que contempla esta estrategia.
Aquí se considera la creación de una Red de Salares Protegidos con el fin de resguardar, al menos, un 30% de los ecosistemas al 2030. Dicho compromiso va en línea con las obligaciones internacionales establecidas en la Convención Marco de Biodiversidad.
Por otro lado, también se considera potenciar que en aquellos salares en régimen de explotación se asegure el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental.
En tal línea, señaló que, en el escenario actual, existen cinco zonas protegidas. Estos son los Salares de Surire, Huasco, Tara y Pujsa, junto al Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa Maricunga. Además, se encuentra protegido, parcialmente, el Sistema Hidrológico de Soncor (Salar de Atacama) y, sin protección, el Salar de Aguas Calientes IV.
La ministra explicó que en el proceso de creación de la red protección se ha considerado la información de diferentes organismos. Esto, junto a criterios de selección y exclusión, permitirían ampliar las zonas protegidas en un 25%. Así, la Estrategia Nacional del Litio contemplaría el mayor esfuerzo en la protección de estos ecosistemas en la historia del país.
En tanto, la Comisión de Minería y Energía recibió a representantes de la Comunidad Colla Pai Ote. En su exposición se refirieron al efecto de la Estrategia Nacional del Litio, para las regiones y pueblos originarios residentes en ellas.
Ercilia Araya Altamirano, presidenta de la mencionada comunidad, explicó que existe temor de que sea Codelco quien realice la explotación del mineral. Al respecto, afirmó que preocupa que se repitan los patrones medioambientales registrados en Atacama, en el salar de Maricunga.
Indicó que espera que la extracción del litio beneficie al Estado de Chile y, por supuesto, a los pueblos originarios. “Que los recursos vayan a salud, educación, vivienda, etc. Queremos tener un centro para que, por ejemplo, las quimioterapias y otros procedimientos se hagan en el territorio y no tengamos que viajar hasta Copiapó para ello”, remarcó.
En tanto, Ariel León, asesor de la comunidad Pai Ote, indicó que se trata de un pueblo que hace trashumancia de cordillera a mar. Sostuvo que es una comunidad que tiene amplia trayectoria en la minería ancestral de oro y cobre.
Precisó que tienen temor de que, producto del contexto de vulnerabilidad y pobreza, se repita una historia que viene desde el salitre, con diferentes ciclos mineros.
“Queremos la protección de las reservas de agua y la protección a las tradiciones de la comunidad, que se respete la integridad cultural”, planteó.
Señaló que esperan el reparto equitativo de beneficios de acuerdo al derecho internacional, así como la participación en la gobernanza de las empresas de litio, con representantes en su directorio. “Se trata de estándares razonables de la minería mundial”, agregó.
Tras la exposición, las y los integrantes de la instancia recogieron la inquietud de la comunidad. En ese marco, señalaron que estarán alerta respecto del proceso, confirmando una visita a la zona para mediados de mayo.
