El pasado 9 de febrero, Diego Arévalo, del partido Comunes, fue designado como nuevo vocero de gobierno en la región de Tarapacá. Sin embargo, con solo unos días en el cargo, autoridades electas de su mismo partido en la región emitieron un comunicado de carácter público, exigiendo la renuncia de Arévalo luego de haber sido acusado de violencia de género contra una militante de su partido en el año 2020.
“Rechazamos la designación de Diego Arévalo, militante de Comunes, como Seremi de Gobierno de Tarapacá, y exigimos la renuncia, ya que en 2020 fue condenado por el tribunal supremo de nuestro partido por violencia de género. (…) La convicción con la cual apoyamos la candidatura de nuestro actual presidente Gabriel Boric se mantiene intacta y que mantiene en su programa de gobierno, siendo de carácter feminista, igualitaria y paritaria, y que todos sus ministros y ministras deben cumplir ese mandato. (…) Emplazamos al presidente nacional de nuestro Partido Comunes Marco Velarde, que pueda actuar en favor de nuestras compañeras”, es lo que expresaba parte del comunicado.
CONFLICTO INTERNO
Ante las denuncias de los militantes de Comunes Tarapacá, el Tribunal Supremo del partido político publicó un comunicado en el que descarta la existencia de dicha sentencia por violencia de género. ”Durante el mes de mayo del 2020, este Tribunal Supremo admite a tramitación una denuncia disciplinaria interna. (…) En dicha misiva, se acusa a Diego Arévalo de expulsar de manera ilegítima a la denunciante de una reunión del Frente Amplio Regional, lo que la denunciante calificó como violencia política y de género. (…) Tomando conocimiento de la denuncia y los antecedentes presentados por la denunciante y el denunciado, este tribunal reconoce una infracción a los estatutos del partido por parte del denunciado, (…) no obstante, desestima que el hecho denunciado constituya violencia de género.
Por su parte, la Dirección Nacional del Partido Comunes, en una declaración pública, indicó que se iniciará un procedimiento disciplinario en contra de los militantes que exigen la renuncia del seremi Arévalo. “Es preciso señalar que la acusación realizada en la misiva es absolutamente falsa, (…) no hay ningún documento de nuestro partido que lo avale. (…) No toleraremos actos de indisciplina partidaria, toda vez que la publicación de dicha carta, sin que ninguno de sus firmantes haya tomado contacto con el Tribunal Supremo, el Consejo General, o esta Dirección. (…) No aceptaremos que el concepto de “violencia de género” sea manipulado para operaciones políticas desproporcionadas y egoístas. (…) Estudiaremos acciones legales para quienes resulten responsables, dado que este hecho podría constituir el delito de injurias y calumnias.
