Decretan prisión preventiva al exalcalde suplente de Tierra Amarilla por fraude al fisco, cohecho y soborno

Después de dos meses de audiencia en el juicio oral por el caso «Operación Pureza», donde la Fiscalía de Atacama acusa delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno, este martes se decidió cambiar la medida cautelar del exalcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales, de arresto domiciliario a prisión preventiva, tras comprobarse múltiples incumplimientos de su arresto domiciliario.

En el inicio de la audiencia de juicio, el fiscal Luis Miranda Flores solicitó a los jueces del Tribunal Oral cambiar la medida cautelar en contra del exedil, según la evidencia presentada, Morales incumplió en reiteradas ocasiones el arresto domiciliario que tenía impuesto. Por ello, el fiscal argumentó los medios de prueba y solicitó que dicha cautelar fuera modificada por prisión preventiva, petición que fue acogida por los jueces.

“Este martes la Fiscalía solicitó al Tribunal fijar una audiencia de revisión de cautelares respecto de Mario Morales, dado que se advirtieron distintos incumplimientos de su arresto domiciliario, sumado a un episodio flagrante donde él se encontraba al margen de la cautelar que estaba obligado a cumplir. En dicha audiencia, el Tribunal valoró los antecedentes de la Fiscalía, por lo que el acusado deberá cumplir desde ahora prisión preventiva en la cárcel de Copiapó”, indicó el fiscal Luis Miranda Flores.

Respecto al desarrollo del juicio, el fiscal Miranda Flores indicó que en estos meses han prestado declaración los acusados, además de los funcionarios policiales que participaron en las diligencias investigativas ordenadas por la Fiscalía para establecer la actuación individual de los acusados y la manera de operar para la comisión de los delitos.

“A partir de esta semana, la Fiscalía de Atacama presentará a los testigos civiles de esta investigación, cuyos testimonios consideramos que son relevantes para acreditar los delitos indagados. Hasta el momento, se ha podido presentar los medios de prueba con los que se cuenta, restando aún varios meses para la finalización de esta audiencia”, señaló el fiscal.

Cabe destacar que en esta causa, la Fiscalía ha acusado delitos de corrupción, buscando acreditar 12 hechos con montos asociados a contratos por mil 300 millones de pesos. Además, la cifra asignada a coimas, según lo determinado por personal de la PDI durante la investigación, fue del orden de los 300 millones de pesos. 

El caso busca demostrar la participación de todos los acusados en los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno, además de negociación incompatible y obstrucción a la investigación respecto del exedil y algunos funcionarios municipales investigados.