Foto: Matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión.
Luego de un largo silencio por parte de Daniel Andrade, representante legal de Fundación Democracia Viva, sobre lo que ha sido el polémico caso de dicha entidad y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, por el convenio de 426 millones de pesos, rompe el silencio y decide hablar junto Chilevisión sobre este caso.
Sin duda alguna, una conversación que dejó diversas críticas por sus dichos, comenzando por asegurar que el ex seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, habría sido quien los contactó para que se suscribieran en dichos convenios, “Es el Minvu, y en particular el seremi quien me contacta a mí, y entiendo que contactó también a todas las otras fundaciones nuevas que participaban de estos convenios. Me conversa de que hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores y que van a diversificar las fundaciones para que se lleve adelante la gran tarea de las 260 mil viviendas”.
Planteando además, que le habría comentado a Contreras que no tendrían la expertise en construcción de infraestructura, ya que su trabajo como fundación va ligada a trabajos territoriales y en la comunidad, a lo que recibe como respuesta que no habría problema, ya que la mayoría de fundaciones subcontratan constructoras.
Un dato que va en el marco de lo mencionado, es que al preguntarle sobre su relación con Carlos Contreras, Andrade menciona que no habría trabajado en otras ocasiones con el ahora ex seremi y que no serían amigos, a lo que se pregunta si a esta instancia lo habrían ayudado, haciendo alusión de la responsabilidad que tendría Contreras al instarlo a estos convenios.
Momento en el que dice haberse arrepentido y hace “una autocrítica”, frase que menciona en reiteradas ocasiones durante la entrevista en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, reconociendo que habría actuado con exceso de confianza y seguridad, “fui imprudente en la firma de ese convenio, creo que eso es el gran problema y me hago responsable”.
Conocimiento de Catalina Perez
En cuanto al supuesto desconocimiento de la Diputada Catalina Perez y ahora ex pareja del representante de la fundación, sobre estos convenios, Daniel Andrade comentó que “Catalina Perez no influyó en la conversación que yo tuve con Carlos Contreras, ni influyó con terceros, ni con nadie, ella no tiene nada que ver con este convenio”, ante lo cual Julio Cesar lo interpela y le reitera la pregunta, “(…)¿tú no le cuentas esto a tu pareja?”, a lo que no obtuvo una respuesta directa.
Nuevamente le pregunta sobre el conocimiento de Catalina Perez, expresando que es una pregunta fácil (de responder), por lo que Andrade responde que “yo creo que en ese momento no le di la relevancia, además que yo tenía una relación con Carlos de antes, porque políticamente yo me relacionaba con mucha gente en el partido. (…) No le dije directamente, se entera después cuando ya estaba avanzando el proyecto”.
Responsabilidades y el Gobierno
En cuanto a la responsabilidad sobre los recursos, el representante de la fundación precisó que no habría robado ningún peso de los $426 millones que les fueron asignados, enfatizando en que estos fueron utilizados en los proyectos planteados y asignados, y no ha tenido uso personal de estos.
“Al principio entregué mis aparatos electrónicos, mi celular, mi WhatsApp, mi mail, mi computador. También entregamos apertura a las cuentas bancarias, tengo acá las cartolas que demuestran que no hay ninguna transferencia irregular“, concluyó.
En este contexto y ante los dichos por parte del gobierno, Daniel comentó que “si el gobierno cree que hay corrupción sería bueno ingresar alguna normativa o proyecto de ley que justifique esto, porque o sino todos los proyectos de organismos privados, tanto de fundaciones o empresas que se relacionan con el Estado, pueden ser indicados como corruptos”.
Finalmente, expresó que tras los dichos del Ministro Montes y el Presidente de la República, Gabriel Boric, sobre acabar el acuerdo y la restitución de $391 millones, no estarían de acuerdo ya que creen que la liquidación se trataría de algo político y no técnico, además de asegurar que hasta el presente dia, no tendrían las observaciones de las rendiciones.
“Nosotros gastamos $131 millones y estamos tutelados por el Serviu, que revisa los gastos que nosotros hicimos. Los $294 millones los tenemos en la cuenta y los pusimos a disposición desde el día 1 para devolverlos, todavía están disponibles y nosotros tenemos plazo hasta el 13 de agosto”.
