La Comisión de Seguridad Ciudadana ha dado su aprobación en general, con 9 votos a favor y 4 en contra, al proyecto que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, establecer nuevas penas y formas de comisión, así como incorporar mecanismos eficientes de restitución.
El texto propuesto, impone sanciones más rigurosas para el delito de usurpación de propiedades. Se modifica el Código Penal para castigar con penas de privación de libertad la usurpación de inmuebles, se amplía el periodo de flagrancia y se facilita la detención de los ocupantes.
Entre los principales objetivos de esta propuesta se encuentra la sanción con presidio para cualquier caso de usurpación, extendiendo el periodo de flagrancia en este tipo de delito. Además, durante la investigación del delito y al presentarse una demanda civil, se permitirá la restitución anticipada del inmueble ocupado. También se autorizará el uso de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Asimismo, se castigará con penas de presidio la celebración fraudulenta de contratos de compraventa o arrendamiento de terrenos ilegalmente ocupados. Habrá restricciones en las normas para regularizar la propiedad raíz de pequeñas dimensiones mientras exista un juicio pendiente por usurpación. Además, las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa no se aplicarán a aquellos que residen en campamentos catastrados hasta el año 2022.
El texto también contempla modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el fin de sancionar a aquellos ocupantes ilegales que intenten transferir la propiedad de terrenos ocupados.
Tras la votación, se estableció el próximo lunes 12 de junio como fecha límite para la presentación de indicaciones.
Finalmente, esta aprobación en general marca un paso importante en el proceso legislativo para abordar los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, con el objetivo de establecer penas más severas y mecanismos efectivos de restitución, buscando así proteger los derechos de los propietarios legítimos y promover la seguridad ciudadana.
