La Fiscalía de Local de Calama formalizó por el delito de fraude al Fisco y negociación incompatible al exalcalde de Calama, Daniel Agusto Pérez, en el llamado “Caso Comdes”, donde se investiga la adquisición de un inmueble particular con fondos de salud primaria.
Accediendo a una petición del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía dispuso para el imputado la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, además de arraigo nacional para el caso que no se presente ante el CDP.
Según se expuso en audiencia realizada esta tarde, a cargo de los fiscales Gabriel Zepeda y Cristian Aguilar, en junio de 2017 la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama suscribió con una entidad bancaria un convenio por 255 millones pesos, el cual tenía por finalidad contribuir al fortalecimiento de la educación municipal.
En este contexto, y sin mayor deliberación, un comité integrado por los ex directivos de Comdes, Gregorio Rodríguez Jaure, Jubitza Tapia Pérez, Carlos Brito y María Calderón Calderón (todos formalizados en causa separada), habría definido que tales recursos serían empleados en la construcción de una Clínica Dental, disponiendo para estos fines la compra de una vivienda perteneciente a una sucesión hereditaria que integra, entre otros, la imputada Jubitza Tapia, familiar consanguíneo colateral en 4° de Daniel Agusto, y la madre de aquella, quien es pariente consanguíneo colateral en 3° con el citado ex alcalde.
En reunión posterior, y ante la imposibilidad de usar los fondos ofertados por la entidad bancaria, los imputados habrían acordado financiar la compra del inmueble con fondos destinados a la salud primaria de la comuna.
Cabe señalar que, no contando el proyecto de la Clínica Dental con la aprobación de las respectivas seremías o la intendencia, posteriormente se propone la creación de un “Centro de Integración Educacional”, pero manteniendo la decisión de comprar el inmueble particular de vinculado a la prima hermana del ex alcalde, el cual termina siendo adquirido en la suma de 190 millones de pesos en enero de 2018.
Con respecto al imputado Daniel Agusto, la Fiscalía sostuvo que, al momento de los hechos, éste ostentaba la función de alcalde de Calama y presidente de la Comdes, calidad en la que tuvo conocimiento del contrato de compraventa de la casa, en el cual interviene su familiar y que fue pagado con fondos de la salud municipal.
De esta manera -se indicó- Agusto habría desatendido obligaciones del artículo 61 de la Ley N° 18.883, como ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, como también las obligaciones funcionarias del artículo 58 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual indica que el alcalde debe observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la Ley N° 18.575 y demás disposiciones especiales.
Todos estos hechos, a juicio del Ministerio Público constituyen el delito de fraude al fisco y negociación incompatible, correspondiendo al ex alcalde la calidad de autor.
Para este caso, se fijó un plazo de investigación de 90 días.
