El sector público se tomó las calles del territorio chileno en el llamado a paralización para este jueves 28 de noviembre, que tiene como objeto volver a colocar en la palestra la «agenda laboral» para el sector público, un reajuste que tenga como piso un 3% real sobre el IPC y la estabilidad laboral para los funcionarios a raíz de la incertidumbre generada por la ausencia de la «legítima confianza».
La convocatoria fue realizada a nivel país por la Asociación de Funcionarios Públicos (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y las organizaciones que forman parte de la mesa del sector público, manteniéndose suspendidos servicios como las municipalidades, consultorios y salud primaria, colegios públicos, jardines de la junji y universidades estatales.
Dentro de las demandas por las cuales se está manifestando a nivel nacional, se trata de una movilización que da respuesta al dictamen de la Contraloría General de la República en relación a la ausencia de la «legítima confianza» para los funcionarios públicos, lo que indica que deberán ser los tribunales de justicia quienes se pronuncien sobre las renovaciones del personal, decisión que desde los gremios acusan como una incertidumbre y el riesgo de la estabilidad laboral.
Otra de las demandas del sector público es un reajuste salarial del 3% real sobre el IPC acumulado para enfrentar el alza del costo de la vida, la implementación de jornadas laborales de 40 horas y las condiciones para la conciliación trabajo-familia, un plan integral para garantizar el bienestar físico u psicológico de los trabajadores públicos y extender la vigencia del bono de incentivo al retiro más allá del 2025.
Una movilización que ya ha hecho eco desde el gobierno, con la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien en la previa de las movilizaciones indicó que no le encontraba sentido a una paralización a puertas de sentarse a conversar con los gremios. Mientras que desde la derecha se habrían negado a aprobar algún proyecto que tenga que ver con un reajuste para el sector público.
