Finalmente, tras extensas jornadas, la Corte Suprema decidió dar un paso atrás y dejar sin efecto la adquisición de 22 vehículos marca Lexus, que considerados de alta gama. El máximo tribunal pretendía renovar la movilización de los ministros integrantes de la entidad, lo que suponía un gasto de 1.253 millones de pesos.
Por lo general, la renovación de la flota de vehículos se realiza cada 8 años, por lo que esta acción se encontraba pendiente hace 2 años. En ese sentido, la Corte Suprema indicó que como poder autónomo al Gobierno y al Parlamento, «el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto en el ámbito administrativo y de gestión».
Jorge Sáez, secretario de la Corte Suprema, explicó que la determinación de renovar la flota de vehículos «este Tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país. se fundan en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental”.
«si bien la Ley de Presupuestos para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto (Dipres) -dependiente del Ministerio de Hacienda- comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado, ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial», en los cuales se incluía la «renovación de vehículos institucionales», dijo el secretario del Máximo Tribunal.
La Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales valoró la determinación ya que la inversión la consideraban poco oportuna, “Nos parece poco oportuno que se gasten más de mil doscientos millones de pesos en 22 autos, hecho que es contrario al carácter austero de la judicatura”.
A la decisión del Poder Judicial, también se sumó el apoyo del Gobierno. El Subsecretario Manuel Monsalve comentó que «valoro la decisión que ha tomado la Corte Suprema, va en el sentido de algunas normativas que ha tomado el Gobierno de colocar tope de valor a la reposición de los vehículos, con el objeto de que estén las condiciones para que el sector público funcione, pero también con el sentido de austeridad que ese sector requiere».
De esta forma, el tribunal no hará la adquisición de esta renovada flota vehicular, que estaba avalada en más de 50 millones de pesos por cada auto.
