En febrero de 2020 la Policía Italiana incautó en un domicilio de la ciudad de Senigallia, casi mil ejemplares de cactus chileno, originario del Desierto de Atacama, extraído ilegalmente de Chile por un coleccionista y contrabandista italiano que luego las comercializaba a altos valores entre una red de compradores en Europa y Asia.
La acción policial se conoció como “Operación Atacama”, aludiendo al origen de las especies requisadas, que sólo se encuentran en el norte de nuestro país, específicamente en una pequeña franja costera entre las regiones de Antofagasta y Atacama.
A cuatro años de ese episodio, la Fiscalía de Taltal solicitó la extradición a Chile del principal implicado en los hechos, un ciudadano italiano que durante años realizó viajes a dicha comuna para extraer ilegalmente distintas especies de cactus, petición que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que ahora debe ser gestionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo esto, con el objetivo de asegurar el pronto arribo del imputado, quien enfrenta cargos por el delito reiterado de contrabando de especies amenazadas de flora y fauna silvestre.
Viajes a Taltal
Según la investigación realizada por la Fiscalía y Bidema de la PDI, entre 2013 y 2019, el ciudadano italiano realizó 7 viajes a la comuna de Taltal, donde extrajo, fotografió y referenció, sin contar con autorización alguna, 964 ejemplares chilenos de la variedad Copiapoa, pertenecientes a los géneros Copiapoa (876 ejemplares), Eriosyce (79) y Copiapoa superba (89), avaluadas en la suma aproximada de 1 millón de dólares.
Para sacar las plantas del país, el imputado realizó en la misma época 48 envíos postales desde la sucursal de Correos de Chile de Taltal, dirigidas a sujetos en Grecia y Rumania, quienes redirigían los envíos a su domicilio en Italia, donde las especies eran comercializadas ilegalmente, al menos, 11 traficantes y coleccionistas de distintas nacionalidades y 7 coleccionistas italianos.
El fiscal (s) de Taltal, Mauro Osses Ardiles, explicó que la investigación del caso comenzó en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a través de una denuncia presentada por Conaf tras los allanamientos en Italia, pero posteriormente se trasladó a Taltal, por ser el lugar donde se cometió el delito.
“Durante la investigación rastreamos los movimientos que había tenido el imputado, sus ingresos y salidas del país, y logramos determinar que esta persona viajaba regularmente a Taltal, donde solía quedarse 10 o 15 días, periodo en el cual extraía las especies y las enviaba a colaboradores que tenía en Grecia y Rumania, donde la importación de estas especies es más laxa, para luego hacerlas llegar a su domicilio en Italia”, planteó.
Osses dijo que este caso tiene gran relevancia para la Fiscalía de Taltal, primero porque el contrabando ilegal de estas especies es altamente dañino para los ecosistemas, pudiendo incluso asimilarse al tráfico de huesos de tigre o cuernos de rinoceronte, pero además por la colaboración que hay detrás de la investigación, en especial con los Carabinieri de Italia, con quienes se ha mantenido contacto para desarrollar diligencias.
Respecto a la penalidad que arriesga el imputado en caso de ser encontrado culpable, el abogado comentó que, si bien las penas para este delito podrían no ser tan elevadas (se mueven en el rango del presidio menor), “la señal que estamos dando es muy relevante, pues se trata probablemente del mayor contrabandista de cactáceas que ha operado en nuestro país”.
En el marco de esta investigación, el año 2021 detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (Bidema) de Antofagasta y Atacama, junto a fiscalizadores de Conaf, identificaron las áreas más vulnerables desde donde se sustrajeron las especies y reunieron toda la información necesaria para llevar a cabo un programa de protección que garantice la supervivencia de esta vegetación, que ha sido mermada por ser muy atractiva para el mercado informal de la decoración en Europa y Oriente.
La jefa subrogante de Bidema, comisaría Rosario Muñoz Córdova, indicó que este procedimiento nació a partir de una denuncia de la Policía Italiana, que había descubierto el tráfico de dichas especies en Europa. “A partir de ese momento, los oficiales de las unidades antes mencionadas buscaron dar respuestas a un fenómeno delictual que afecta a una flora que es única en esta zona y que, por su lejanía con los centros urbanos, se vuelve muy vulnerable a la extracción ilegal para su comercialización”.
Extradición
En el fallo que concede la extradición, la Corte de Apelaciones dispone enviar copia de los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, pidiendo que se practiquen las gestiones diplomáticas necesarias para que la República de Italia, otorgue la extradición del imputado por encontrarse con investigación formalizada como autor del delito reiterado de contrabando, previstos y sancionados en el artículo 11 y 12 de la Ley N° 20.962, que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.
Además, se pide al Ministerio que solicite a la República de Italia “la medida cautelar personal que proceda en el ordenamiento jurídico del respectivo Estado, a fin de evitar la fuga del imputado, mientras se ejecuta el proceso de extradición”.
El abogado vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta, José Troncoso Valdés, explicó que, tras la aprobación del pedido de extradición activa para el ciudadano italiano, lo que corresponde ahora es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile inicie los trámites ante el Estado italiano para asegurar su arribo a nuestro país.
“Una vez en Chile, deberá ser reformalizado y entonces se pedirán las medidas cautelares que corresponda, mientras se completa la investigación. Posteriormente se debe realizar un juicio oral, donde un tribunal competente definirá si es o no culpable de los delitos que se le imputan”, precisó.
Es importante destacar que gran parte de las especies que se requisaron en Italia durante la “Operación Atacama” pudieron volver a Chile a través de una colaboración entre el Estado chileno, el Estado italiano y la Unión Europea.
La mayoría de las especies incautadas son propias de la zona de Taltal y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, de ahí los altos valores que alcanzaban en el mercado ilegal, incluso superiores al millón de pesos, por unidad.
