Fuente: Cooperativa
El Gobierno presentará este lunes el proyecto para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes hayan cometido delitos, luego de que se conocieran al menos seis casos de beneficiados que han cometido delitos.
Este fin de semana se conoció el caso de José Jesús Véjar, quien estaba condenado a cinco años presidio por el homicidio de un recolector de basura en 2014. A este se le asignó en 2022 una pensión de gracia vitalicia equivalente a dos sueldos mínimos no remuneraciones, es decir, alrededor de 600 mil pesos mensuales.
En agosto de 2023 se aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre este tema, donde se constató que durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) hubo 17 personas con antecedentes penales a las que se le otorgó este beneficio. En tanto, en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric han sido 23.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que las pensiones de gracia «están reguladas por un reglamento que terminó de redactarse en enero del año en que asumimos, es decir, antes de asumir, y hemos funcionado de acuerdo a la ley y el reglamento».
«Ahora, la pregunta que uno se hace es si ese reglamento y esa ley nos gusta en la actualidad o no, y nosotros tomamos la decisión como Gobierno de que no nos gusta y que la vamos a cambiar, por los efectos que tiene», aseguró.
La visita de la contralora subrogante Dorothy Pérez a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, quien entregará una opinión jurídica sobre la posibilidad de invalidar las pensiones de gracia con la legislación vigente, fue postergada debido a que se excusó para este lunes.
La iniciativa del Ejecutivo en ese sentido se materializará mediante indicaciones a un proyecto que permanece en la Cámara, que fusionó en uno los tres que presentó la oposición luego de que el año pasado se conoció la primera controversia por el otorgamiento del beneficio a personas con antecedentes penales.
