El presidente de la Comisión Investigadora sobre el denominado “Caso Convenios”, el diputado José Miguel Castro (RN), remitió antecedentes para que el Ministerio Público abra una investigación sobre el uso de recursos traspasados o adjudicados a la Fundación “Daya” por al menos 11 municipios a lo largo del país.
El organismo, fundado por la actual diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), está siendo apuntado por supuesto cobros no acreditados a algunas casas consistoriales, entre las que figurarían Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal.
Según consta en datos que circularon profusamente por la prensa luego de la denuncia del diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano), se estima cerca de 200 millones de pesos habrían sido utilizados para fines diferentes a los previstos en su otorgamiento.
Ante esto, el parlamentario de la Región de Antofagasta, José Miguel Castro entregó todos los antecedentes en cuestión solicitando una investigación al Ministerio Público.
El supuesto incumplimiento de tratamientos relacionados con el uso medicinal del cannabis en estos municipios ha generado preocupación, ya que afecta a pacientes que habían visto en estas terapias una esperanza para aliviar sus dolores y condiciones médicas.
Ante estas nuevas acciones, previamente, la diputada Gazmuri se defendió argumentando que todas las rendiciones se hicieron en diciembre del 2016 y que a pesar de la insistencia por cinco años de la ONG, si en algún municipio no se ha concretado el proyecto ha sido por inacción de ellos mismos.
Foto: Aton
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