La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado importantes irregularidades en la implementación del “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia”, que fue desarrollado en conjunto por la Fundación Daya y 13 municipalidades del país.
Entre los principales hallazgos destaca que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco basado en cannabis no contaba con la autorización necesaria del Instituto de Salud Pública (ISP) al momento de fabricar el producto, lo que contraviene los requisitos legales para la producción de este tipo de medicamentos.
El informe final N° 247, emitido en 2024, expone que los convenios, que se suscribieron entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, involucraron un monto total de $423.426.000, de los cuales $359.025.625 fueron entregados a la Fundación Daya. Sin embargo, la auditoría descubrió que el laboratorio solo obtuvo la autorización del ISP en 2018, dos años después de que las transferencias de recursos se materializaran.
Además, se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron las dosis del fitofármaco acordadas, mientras que 2 solo recibieron una parte de ellas. A pesar de este incumplimiento, algunos municipios no exigieron la restitución de los recursos ni tomaron acciones judiciales, lo que podría indicar una falta de control y supervisión en la ejecución de los convenios.
La CGR también encontró deficiencias en las rendiciones de cuentas por parte de las municipalidades. En algunos casos, no se exigieron los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos, y en otros, se aceptaron rendiciones de gastos por montos superiores a los transferidos. Estas irregularidades fueron especialmente graves en las municipalidades de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros.
A la luz de estos hallazgos, la Contraloría General de la República ha decidido iniciar un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Asimismo, los resultados de la investigación serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado para que tome las acciones legales correspondientes.
Foto: Agencia Uno
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