Con el objetivo de poner fin a los asaltos, homicidios y otros crímenes de alta connotación pública, que mantienen la sensación de inseguridad a las familias chilenas, es que la diputada, Yovana Ahumada, presentó un proyecto de ley con el que busca modificar el artículo 32 bis del Código Penal, y el decreto ley 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad.
Con esta iniciativa, la legisladora busca aumentar la pena del presidio perpetuo calificado, de 40 años sin beneficios hasta la perdida efectiva de la vida, con lo que se elimina la posibilidad de que criminales condenados a presidio perpetuo calificado, por violación con homicidio; infanticidio; violación con infanticidio y homicidio calificado, puedan postular al beneficio de la libertad condicional.
Asimismo, se elimina la posibilidad de que el criminal que ya utilizó el beneficio de la libertad condicional y lo incumplió, pueda volver a solicitarlo transcurrido la mitad del tiempo de su condena desde su reingreso, como se permite hasta ahora.
En ese sentido, la diputada Ahumada, comentó sobre esta propuesta, “hoy nuestras familias piden seguridad, orden público y que se sancione eficazmente al criminal y no a las víctimas, obligándolas a cargar una cruz de desigualdad y dolor. Por ello, presenté este proyecto de ley en representación de todas las víctimas que hoy exigen una justicia real. Basta ya de pensar que estos peligrosos criminales van a modelar su conducta, porque claramente ellos no pueden regresar a la sociedad y tienen que pasar en la cárcel el resto de sus vidas, sin derecho a libertad condicional”.
“Ya está bueno de que nadie se atreva a dar el paso correcto y a escuchar la voz de la ciudadanía, porque quien comete crímenes tan graves que merecen una condena de presidio perpetuo calificado, no merece una segunda oportunidad. No queremos más reincidencias, como vimos que ocurrió en el caso de la pequeña Ámbar de Quilpué. Por eso mi proyecto también busca que ningún condenado, pueda acceder a cualquier beneficio de libertad condicional sin contar con un informe favorable del área técnica de gendarmería”, agregó la parlamentaria por Antofagasta.
Finalmente, la autoridad adelantó que junto a su equipo legislativo, ya está preparando otra iniciativa, “para que los criminales que se encuentran tras las rejas, deban ellos mismos solventar su tiempo privado de libertad, sin que puedan alegar que se violan sus derechos humanos”, sentenció. Gasto que hasta el momento deben costear todos los chilenos.
