La Contraloría General de la República ha emitido un informe sobre la gestión financiera del Festival de Antofagasta 2023, revelando graves irregularidades que podrían constituir tráfico de influencias y fraude al fisco.
Los hallazgos se originan tras una denuncia presentada ante el organismo fiscalizador, la cual detalló faltas a la probidad, desvíos de fondos y la ausencia de cobro de multas a la empresa productora a cargo del evento.
El documento de la Contraloría señala que los hechos investigados no solo ponen en duda la transparencia en la administración de recursos públicos, sino que también involucrarían al alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, quien habría influido en la contratación de la empresa Comercializadora F&M Ltda. para la organización del festival. Si bien esta intervención no era parte del objetivo inicial de la investigación, fue detectada durante el proceso y generó nuevas sospechas.
Uno de los puntos centrales de la investigación fue la revisión del contrato firmado el 3 de febrero de 2023 entre la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA) y Comercializadora F&M Ltda., el cual contemplaba cláusulas de multas por incumplimientos contractuales. Entre ellas, se estipulaba un cobro de 50 UTM por cada guardia de seguridad faltante, según los estándares de clasificación del evento.
El informe presentado por Carabineros de Chile, correspondiente al cronograma del servicio de seguridad del festival, arrojó una serie de irregularidades durante la realización del evento. Entre los hallazgos se incluyeron:
- El incumplimiento de la normativa de funcionamiento en todos los días del festival.
- Un aforo mayor al permitido, superando las 8 mil personas acreditadas por la Delegación Presidencial, la CCA y el municipio.
- Falta de guardias de seguridad según lo acordado en el contrato.
- Ausencia de credenciales para los guardias presentes en el evento.
A raíz de estos antecedentes, se ha informado que los datos serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. Los resultados de este proceso podrían desencadenar acciones judiciales de mayor envergadura, dada la gravedad de las acusaciones. respuesta que nunca llegó, incumpliendo con este acto con la ley vigente.
