La aprobación del Plan de Acción Regional para enfrentar el cambio climático en Atacama, constituida por las instituciones estatales que conforman los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC), no tendría tanta trascendencia si además no se hubiesen sumado a estos diálogos representantes de la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
Esto, porque se determinan acciones de mitigación y adaptación pertinentes a la realidad territorial, como son la gestión de residuos, minería y energía, adaptados a los fenómenos locales como la sequía, los aluviones, olas de calor o la pérdida de biodiversidad y con medidas específicas para los sectores silvoagropecuarios, pesca y acuicultura, minería, turismo, biodiversidad y asentamientos humanos.
Desde el 2019 se viene trabajando activamente para materializar este plan que proveerá a la población de la región de Atacama para 2030, el sentido de pertenencia, solidaridad, educación ambiental, el cambio de hábitos de consumo y conciencia sobre el cambio climático y sus consecuencias. Y es que Atacama ha sido pionera del país en la lucha contra el cambio climático, como comentaba la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas, en su visita a la región la semana recién pasada.
Es así como desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric, se entiende la urgencia de incorporar los riesgos climáticos locales en la implementación de políticas públicas y planificación territorial, que abarquen los aspectos de mitigación y adaptación, en pos de proteger a la comunidad. Del mismo modo, impulsar las acciones colectivas coordinadas que atiendan el cuidado de los recursos hídricos de Atacama, como la oportunidad de hacer uso y aprovechamiento de las Energías Renovables No Convencionales.
