A partir de la próxima semana, el cobro en la Plaza de Peaje Troncal Cerritos Bajos, ubicada en el KM 74 de la ruta 25, de la Autopista Antofagasta-Calama, comenzará a regir. Situación que causó preocupación para la diputada (IND), Yovana Ahumada, quién se manifestó por las consecuencias económicas que esta medida tendrá en las familias de la zona.
“Son miles las familias que deben trasladarse por esta vía, desde sus casas hasta sus trabajos u otras partes de nuestra región. Por eso considero que mejorar y modernizar las carreteras siempre será beneficioso, pero no se puede permitir que siempre sea a costa de un exceso, a costa de seguir estrujando a las familias que hoy ya no dan más, debido al alza de las cuentas de la luz, al aumento de la canasta básica y otros imprevistos”, declaró la legisladora Yovana Ahumada.
Destacar, que las tarifas varían desde $1.550 para motos, $2900 para automóviles y camionetas y hasta los $101.800 para vehículos de gran tamaño, lo que – según la parlamentaria – representa una carga adicional para los presupuestos familiares. En ese sentido la diputada Ahumada subrayó que “el impacto para el presupuesto familiar será significativo, especialmente para aquellos que dependen de esta ruta para sus desplazamientos diarios.”
Para esclarecer esta situación, la diputada Ahumada envió un oficio a la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, y al Seremi de Obras Públicas de Antofagasta, Pedro Barrios, documento en el que solicita detalles sobre los criterios técnicos que llevaron a la aceptación del cobro de tarifas, la duración de estas tarifas hasta su posible aumento, la frecuencia y porcentajes de dichos aumentos, y la existencia de caminos alternativos para los usuarios.
“Considero que el MOP cada vez que enfrenta estas licitaciones, se lava las manos y deja sobre las espaldas de las familias de esfuerzo no sólo el pagar, sino el enriquecer a estas empresas, como es hoy el caso de la Concesionaria Rutas del Loa,” expresó la parlamentaria Yovana Ahumada, destacando la necesidad de transparencia y justificación en la implementación de estos cobros.
Finalmente, la legisladora hizo un llamado a las autoridades competentes para que se busquen alternativas que no afecten de manera tan drástica a las familias de la región. «Es imperativo encontrar un equilibrio entre el desarrollo de la infraestructura vial, y el bienestar económico de nuestros ciudadanos. No podemos permitir que las mejoras de nuestras carreteras se traduzcan en una carga insostenible, para quienes día a día trabajan arduamente para sacar adelante a sus familias”, concluyó Yovana Ahumada.
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