En el Centro de Justicia Juvenil de Copiapó, diversas autoridades encabezadas por el Delegado Presidencial Regional, Luis Pino y la directora nacional del Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, participaron en la ceremonia que marca la entrada en funcionamiento de la institucionalidad que reemplaza definitivamente a Sename en Atacama, y en el resto de las regiones de la macrozona norte del país.
La directora nacional Rocío Faúndez señaló “el día sábado 13 de enero comenzó en todas las regiones del norte, incluida la región de Atacama el proceso de cierre definitivo al Sename en lo que respecta a la atención de jóvenes infractores de ley. El nuevo servicio pone mayor enfoque de la gestión de los casos para entregar una atención cada vez más personalizada y más eficaz en la reinserción social, acompañando a los jóvenes y adolescentes en sus procesos de cambio”.
Por su parte el Delegado Presidencial Regional, Luis Pino precisó “esta nueva política pública tiene un enfoque centrado en la intervención, con un modelo y soporte adecuados para trabajar con jóvenes que han infringido la ley. Estamos comprometidos con la labor que nos ha encomendado nuestro Presidente Gabriel Boric para implementar en nuestra región este nuevo servicio, asumiendo diversos desafíos y la coordinación intersectorial necesaria para garantizar mejores condiciones para la reinserción de los jóvenes y adolescentes”.
En tanto, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay añadió “gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Regional y también del Consejo Regional de Atacama, hoy en día tenemos aprobados alrededor de 1.100 millones de pesos que serán destinados a la conservación del Centro de Justicia Juvenil, encomendándose al nuevo servicio que se lleve a cabo durante este año el proceso de licitación de las obras que nos van a permitir mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad del recinto además se les ha solicitado que avancen en otros proyectos, entendiendo que el trabajo mancomunado es el que nos posibilitará avanzar en garantizar y proteger los derechos de los jóvenes que han entrado en conflicto con la ley”.
Además, destacó el trabajo intersectorial realizado.
En este sentido, la Seremi de Gobierno, Sofía Vargas destacó “aquí el Gobierno no está comprometiendo acciones futuras. Aquí el Gobierno desarrolla desde esta semana un avance sustantivo en la forma en que nos hemos vinculado como Estado y Sociedad con los jóvenes que han entrado en conflicto con la ley. Estamos trabajando en un nuevo enfoque donde se buscan entregar herramientas para poder reintegrar a la sociedad a nuestros jóvenes. El Presidente Gabriel Boric lidera este cambio de administración donde se dejan atrás las concesiones y además se incorpora un trabajo con las víctimas”.
La directora regional del nuevo servicio, Carolina Cortés indicó “en términos operativos nosotros tenemos la tarea de implementar un servicio que permitirá desarrollar programas y planes personalizados y con apoyo técnico cada vez más especializado para cada uno los jóvenes y adolescentes que han entrado en conflicto con la ley. En este sentido, tenemos el desafío y la oportunidad de construir colaborativamente una estructura fortalecida junto a otros servicios del estado para entregar más herramientas y transformar las trayectorias delictivas de cada uno de los jóvenes que están en el sistema de justicia juvenil”.
Vale precisar, que en la zona norte son 1.100 las y los adolescentes y jóvenes quienes se encuentran en centros de cumplimiento de medidas y programas de justicia juvenil. De esa población hay 122 en Arica y Parinacota; 279 en Tarapacá; 266 en Antofagasta; 181 en Atacama y 252 en Coquimbo. De ellos, 81,7% se encuentran en programas de medio libre y 18,3% privados de libertad.
En la jornada estuvieron presentes las Seremis de Salud, Desarrollo Social y Familia, y Deportes; el Alcalde Marcos López; concejales Wilson Chinga y Carolina de La Carrera; las directoras regionales de Senda, Migraciones, Sence; representantes de la Fiscalía Regional, Defensoría Penal Pública y el director regional de Gendarmería, Coronel Álvaro Millanao junto a diversos servicios públicos y organismos que tienen competencias en materias relacionadas con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, quienes recorrieron el Centro de Justicia Juvenil de Copiapó, compartiendo con los jóvenes y adolescentes un diálogo para luego participar en una ceremonia que puso énfasis en los cambios que trae esta reforma al sistema de justicia juvenil en materia de reinserción social para adolescentes, que comenzó su implementación de manera progresiva en enero de 2023 y que finalizará en el año 2026, dando así un cierre definitivo al Sename en todo el país.
En el marco de este importante hito, los jóvenes que cumplieron con éxito el curso de Técnicas de Soldadura por Oxigas, Arco Voltaíco, TIG y MIG del Programa Becas Laborales de Sence Atacama, iniciativa que fue apoyada por Enami; recibieron sus respectivas certificaciones, las cuales les permitirán desarrollar trabajos de nivel técnico una vez que egresen al medio libre, iniciando con mayores herramientas sus procesos de reinserción laboral, aspecto relevante para el Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
NUEVO SERVICIO
Durante el 2023 se generaron acciones con el fin de preparar la puesta en marcha de la nueva institucionalidad, como la instalación de los equipos directivos; la generación de nuevos estándares exigibles para el tratamiento de las y los jóvenes; junto con los procesos de evaluación necesarios para el adecuado traspaso de funcionarios y funcionarias desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que incorporó capacitaciones interinstitucionales para la nueva Política de Reinserción Juvenil.
Con la implementación de esta reforma y la entrada en funcionamiento del Servicio en la macrozona norte, se mejorará la calidad de los procesos de intervención a partir de las siguientes definiciones estratégicas:
- Atención para los jóvenes centrada en la intervención, con un modelo y un soporte adecuado para la gestión de cada caso.
- Mejora en los estándares de calidad para el funcionamiento de programas e instituciones.
- Sistema especializado de administración de justicia juvenil: fiscales, jueces y defensores formados en la materia.
- Reforzamiento de la respuesta del Estado para asegurar el acceso a las prestaciones de salud, educación, inserción laboral y otras materias de acuerdo al plan de acción y la nueva política nacional.
- Mediación penal juvenil como una forma alternativa de resolución de los conflictos.
- Cambio en la relación con organismos privados que ejecutan programas, cambiando la lógica de subvenciones por financiamiento asociado a estándares de calidad.
