El Proyecto denominado como «Ley Polizzi-Barriga» ha causado variadas reacciones, tanto como cuestionamientos como buenas recepciones dentro del senado como en la sociedad chilena. La legislación busca que imputados por delitos graves no puedan lucrar a través de redes sociales, plataformas de pago o plataformas de contenido de adultos, a raíz de los casos registrados por las imputadas Camila Polizzi o Cathy Barriga.
En esencia, lo que busca el proyecto en sí es que sea el Tribunal el que decida si los o las imputadas puedan generar ingresos a través de redes en medio de su proceso judicial por delitos graves, apelando al descontento de la sociedad chilena con el sistema judicial que estaría permitiendo este tipo de acciones.
Fue Yovana Ahumada, diputada por el distrito 3 de Antofagasta y coautora del proyecto, quien defendió esta ley en base a la necesidad de ajustar el marco legal para quienes están en procesos judiciales y continúen con sus actividades económicas.
«Me parece inaceptable que quienes están cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario, utilicen sus plataformas para generar ingresos mientras enfrentan un proceso judicial. Estar en esta situación no significa que estén en un tiempo de vacaciones”, afirmó Ahumada.
En ese sentido, “el proyecto de ley no busca negar el derecho a trabajar”, aclaró la legisladora, “sino que exige que cualquier actividad laboral sea previamente autorizada por un juez, ya que no es posible que, mientras se enfrenta a la justicia puedan seguir generando ingresos como si nada. Debemos ser tajantes: si estás bajo arresto domiciliario, se te está investigando por delitos graves, y no puedes hacer lo que quieras», sentenció la diputada Yovana Ahumada.
Finalmente, la autoridad también se refirió a la necesidad de que las medidas cautelares sean ejemplares y respetadas en toda su extensión por parte de los imputados, asegurando que el proyecto responde a la necesidad de fortalecer la percepción de justicia en la ciudadanía.
