La nueva demanda civil se enmarca por el supuesto encubrimiento al fallecido exsacerdote Leonel Ibacache, situación que engloba a personas que seguirían trabajando en el establecimiento educacional.
Una medida que tiene por objetivo detener al crimen organizado, ya que estos pasos serían utilizados para cometer delitos como la salida de vehículos robados y la internación de drogas y armas.
