En el marco del Plan ‘’Calles protegidas’’, reforzando la labor fiscalizadora de carabineros y de fiscalizadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es que se realizó un operativo en el terminal de buses de Antofagasta, junto con la delegada presidencial regional, Karen Behres, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Enrique Viveros y la seremi vocera de gobierno, Paulina Larrondo, para evaluar en terreno el cumplimiento de la nueva normativa que obliga a las empresa de buses interurbanos del transporte público, a registrar el equipaje de cada pasajero con su nombre y número de asiento.
Esta nueva medida implica que en los viajes de menos de cinco horas, las empresas de buses interurbanos deben entregar un comprobante por cada bulto o maleta, identificando en el mismo ticket el nombre del pasajero y el número de asiento. En tanto, en los traslados de más de cinco horas, deben otorgar un comprobante por cada bulto o maleta, identificando el nombre del pasajero y el número de asiento, y contar con una nómina de pasajeros que incluya el número de ticket de cada bulto. Esta nómina de pasajeros debe quedar disponible por parte de las empresas durante 180 días para eventuales investigaciones del Ministerio Público.
En ese sentido, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Enrique Viveros, comentó que ‘’esta modificación al decreto 212 regula a todo el transporte interurbano del país, al artículo 70 se le incorporó una modificación que le exige a las empresas que para todos los viajes se debe registrar al pasajero junto con su equipaje. En el caso de los traslados de más de cinco horas, a la nómina de pasajeros se le debe agregar el registro de sus equipajes y número de asiento. Esto, para tener un control y conocer a quiénes pertenecen los bultos. Desde el 4 de septiembre hemos fiscalizado 51 buses interurbanos, 13 cumplen y 38 de ellos no cumplen con el artículo. 70. Eso quiere decir un 74% a las cuales se les iniciará un proceso administrativo y notificará con la multa’’.
La delegada presidencial regional, Karen Behrens, destacó que ‘’uno de los temas que nos tiene muy esperanzados en el combate, específicamente contra el narcotráfico y también en el tráfico de armas, es justamente poder hacer esta vinculación entre los pasajeros y el equipaje que traen en los buses interurbanos. Es importante decir que esta normativa no tiene un plazo de marcha blanca, ya es una normativa. Hay que decirle a la población en general que estas fiscalizaciones se van a ir incrementando, ¿por qué?, justamente porque en fiscalizaciones que antes hacía carabineros y transportes, se encontraban drogas, armas y distintos utensilios prohibidos dentro del equipaje, pero al no haber esta normativa, no se podía determinar quién era la persona que traía este equipaje, o sea, quién era el culpable e iniciar algún procedimiento respecto de una persona determinada. Con esto, es un avance sin lugar a dudas, al respecto de combatir las bandas de crimen organizado’’.
“Hemos lanzado la campaña Unidos por un 18 Seguro, que implica el despliegue de varios servicios, entre esos el Ministerio de Transporte, con esta muy buena noticia para la ciudadanía sobre el control y el tránsito de los buses interurbanos, para mejorar la seguridad en torno al tráfico de estupefacientes. Aquí se va a recabar material que puede servir para el Ministerio Público, esta información debe estar resguardada hasta 180 días para que, en el caso que en el marco de una investigación penal, se pueda considerar esta información. El Ministerio de Transporte en la región lleva más de mil fiscalizaciones en esta ciudad, lo cual permite que el trayecto que tengan los buses se desarrollen con seguridad para los propios pasajeros”, dijo al respecto la seremi vocera de gobierno, Paulina Larrondo.
Cabe destacar que las fiscalizaciones de esta normativa están a cargo de inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, inspectores municipales y Carabineros. En el caso de que las empresas no cumplan, se abrirá un proceso administrativo sancionatorio que puede culminar en una amonestación por escrito, suspensión o cancelación del servicio o del vehículo. También se exponen a multas entre 0,5 a 1 UTM.
