La creciente presencia de perros abandonados en calles, carreteras y sectores rurales de la Región de Atacama volvió a instalar el debate sobre la efectividad de la Ley Cholito y las herramientas que hoy tienen las autoridades para enfrentar un problema que afecta tanto a la seguridad pública como al bienestar animal.

Así lo planteó Mauricio Hidalgo, Presidente de la Unión de Protección Animal (UPROA) de Atacama, quien sostuvo que la legislación vigente entrega atribuciones a diversas instituciones, pero no establece obligaciones concretas que garanticen su cumplimiento.

“La Ley de Tenencia Responsable permite que los municipios realicen esterilizaciones, campañas educativas y fiscalización, pero no los obliga a hacerlo. Finalmente muchas veces la ley queda como letra muerta porque no existe una aplicación permanente”, afirmó.

Falta de fiscalización y control reproductivo

Hidalgo explicó que uno de los principales problemas es la falta de fiscalización efectiva sobre los propietarios de mascotas y la ausencia de programas permanentes de control reproductivo.

A su juicio, la realidad actual demuestra que son más las personas que incumplen la normativa que aquellas que mantienen una tenencia responsable.

“Cada vez vemos más perros abandonados en las calles. Basta recorrer cualquier ciudad para darse cuenta de que el problema sigue creciendo”, señaló.

El dirigente animalista agregó que la discusión sobre los llamados perros ferales muchas veces desvía el foco del problema principal.

Según indicó, gran parte de los ataques registrados en distintas zonas del país han sido protagonizados por perros que sí tenían propietarios o mantenían contacto permanente con seres humanos.

Atacama enfrenta un déficit en esterilizaciones

Uno de los puntos más críticos expuestos por UPROA es la falta de continuidad en los programas de esterilización financiados por municipios y organismos públicos.

Hidalgo aseguró que en Copiapó no se realizan operativos municipales masivos desde abril de 2025, situación que ha dificultado el acceso de cientos de familias que no pueden costear procedimientos veterinarios particulares.

La organización estima que actualmente logra esterilizar entre 2.000 y 2.500 animales al año mediante proyectos y campañas, cifra que consideran insuficiente frente a la magnitud del problema.

De acuerdo con antecedentes citados desde estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), para generar un impacto real en el control poblacional se debería esterilizar entre el 20% y el 30% de la población canina, lo que en ciudades como Copiapó podría significar cerca de 16 mil intervenciones anuales.

“Estamos muy lejos de esa meta. Mientras no exista una política permanente, la cantidad de animales seguirá creciendo de manera exponencial”, advirtió.

Refugios: una solución cuestionada

Aunque en distintas comunas de Atacama han surgido iniciativas para construir refugios o ampliar caniles, UPROA sostiene que esa alternativa no resuelve el problema de fondo.

Hidalgo argumentó que la experiencia demuestra que la adopción de perros adultos es extremadamente baja, lo que termina transformando estos espacios en centros de permanencia permanente para cientos de animales.

“Un refugio puede ayudar a algunos perros, pero no evita que sigan naciendo miles más. Si los recursos son limitados, creemos que deben invertirse primero en esterilización y prevención”, explicó.

Añadió que las nuevas normativas sanitarias exigen estándares cada vez más altos para los refugios, incluyendo infraestructura adecuada, personal especializado y condiciones de bienestar animal, lo que incrementa significativamente sus costos de operación.

Crueldad animal y responsabilidad pública

El dirigente recordó que los recientes casos de maltrato animal y crueldad animal conocidos en Atacama demuestran la necesidad de avanzar en políticas preventivas más robustas.

A su juicio, reducir la sobrepoblación de perros y gatos también contribuye a disminuir situaciones de abandono, violencia y sufrimiento animal.

Por ello, llamó a los municipios a establecer metas concretas de esterilización, fortalecer las ordenanzas de tenencia responsable e incluso evaluar mecanismos que permitan exigir la esterilización obligatoria en determinados casos.

Esperan respuesta de Contraloría

UPROA confirmó además que presentó antecedentes ante la Contraloría General de la República relacionados con la gestión municipal en materias de protección animal, respuesta que esperan conocer durante las próximas semanas.

La organización manifestó su disposición a colaborar con las autoridades comunales para diseñar estrategias conjuntas que permitan enfrentar un fenómeno que, aseguran, ya supera las capacidades de las agrupaciones voluntarias.

“Necesitamos políticas permanentes, planificación y compromiso institucional. Mientras no se controle la natalidad, seguiremos enfrentando el mismo problema año tras año”, concluyó Hidalgo.