Las medidas de protección son una herramienta legal destinada a prevenir, detener o reparar situaciones de vulneración que afecten a niños, niñas y adolescentes. Así lo explicó la abogada Francisca Henríquez, quien detalló que estos procedimientos buscan actuar de forma rápida cuando existe riesgo, daño o afectación en el entorno familiar, escolar o social de un menor de edad.

Según la profesional, estas medidas pueden activarse frente a casos de violencia física o psicológica, negligencia parental, abandono de cuidados, falta de atención médica, exposición a violencia intrafamiliar o sospechas de abuso. No se requiere tener certeza absoluta de los hechos: basta una sospecha fundada para pedir que el tribunal investigue.

Henríquez precisó que también constituye vulneración que un niño sea testigo permanente de violencia dentro del hogar, aunque la agresión no esté dirigida directamente contra él. “Estar inmerso en un círculo de violencia también puede afectar sus derechos”, explicó.

Quiénes deben denunciar

La abogada recordó que existen instituciones y funcionarios obligados a denunciar posibles vulneraciones. Entre ellos están los establecimientos educacionales, directores, profesores, inspectores, funcionarios de salud, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Un colegio, por ejemplo, debe activar una denuncia si detecta señales reiteradas de descuido, agotamiento extremo, falta de higiene, relatos de violencia en el hogar o sospechas de abuso. Lo mismo ocurre en centros de salud cuando profesionales advierten lesiones o señales que no coinciden con la explicación entregada por los adultos responsables.

Pero la denuncia no es exclusiva de instituciones. Cualquier persona puede recurrir a Carabineros, la PDI o directamente al Tribunal de Familia si sospecha que un niño, niña o adolescente está siendo vulnerado.

Proteger no es castigar

Henríquez enfatizó que una medida de protección no busca sancionar penalmente a un adulto, sino resguardar al menor afectado. Si durante el proceso aparecen antecedentes de delito, estos pueden ser derivados al Ministerio Público, pero el objetivo principal es proteger.

Entre las medidas más comunes están las evaluaciones especializadas, intervención psicológica, trabajo con el grupo familiar, fortalecimiento de habilidades parentales, tratamientos por consumo problemático de alcohol o drogas, terapias de control de impulsos y acompañamiento de programas públicos.

La abogada también despejó un temor frecuente: denunciar no significa automáticamente que un niño será separado de su familia. Esa es una medida excepcional y de última instancia.

Responsabilidad de todos

Henríquez sostuvo que la protección de la infancia debe entenderse como una responsabilidad colectiva. Por eso, llamó a no normalizar señales de maltrato o descuido, especialmente cuando vecinos, familiares, colegios o centros de salud advierten situaciones de riesgo.

“Todos debemos comprometernos con la protección de niños, niñas y adolescentes. A veces una denuncia oportuna puede evitar hechos mucho más graves”, señaló.

Debate por responsabilidad penal adolescente

La conversación también abordó el debate abierto tras el crimen de un niño de 12 años en Santiago, caso que reactivó la discusión sobre una eventual rebaja de la edad de responsabilidad penal adolescente, actualmente fijada desde los 14 años.

Henríquez advirtió que, si bien puede discutirse una respuesta penal, el tema de fondo es más profundo: “Cuando hablamos de niños de 12 o 13 años cometiendo delitos graves, también estamos reconociendo que existe una falla previa del Estado y de la sociedad en materia de protección, prevención y oportunidades”.