La apertura de una investigación formal por parte de la Contraloría General de la República contra la ministra del Deporte, Natalia Duco, ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión tan antigua como indignante en la política chilena: el uso de los recursos del Estado como si fueran patrimonio personal.

La denuncia, ingresada originalmente en el mes de junio, apunta al presunto uso indebido del vehículo fiscal asignado a la secretaria de Estado fuera de sus funciones laborales, acusándola específicamente de haber utilizado la dotación y los medios públicos para trasladarse a una celebración nocturna de carácter netamente privado.

Este hecho no solo movilizó al ente fiscalizador, el cual ya ofició al Ministerio del Deporte para exigir la bitácora detallada de los desplazamientos, sino que desató una tormenta política que golpea directo a la línea de flotación discursiva del Ejecutivo.

La gravedad del asunto radica en que el uso de los bienes públicos está estrictamente regulado y su vulneración constituye una de las faltas más severas dentro del estatuto administrativo. En el plano de la crítica social, este episodio desnuda cómo las cúpulas del poder político suelen naturalizar privilegios cotidianos a expensas del bolsillo de todos los contribuyentes, olvidando que cada litro de combustible y cada conductor asignado tienen como único fin el servicio a la comunidad.

La situación reabre una profunda herida en la opinión pública respecto a la fiscalización de las autoridades, demostrando que las malas prácticas transversales persisten sin importar los cambios de administración, transformando los autos oficiales en símbolos de una preocupante desconexión con la realidad ciudadana.

La advertencia parlamentaria: «Va a tener que salir del cargo»

Las reacciones en el Congreso Nacional fueron categóricas y anticipan un complejo escenario para La Moneda en caso de confirmarse las irregularidades. El diputado socialista Daniel Manouchehri manifestó su profunda preocupación por el caso y fue tajante en señalar que, de constatarse el desvío del vehículo para fines recreativos, la salida de la ministra Duco de la cartera deportiva debe ser inmediata e inexcusable.

El parlamentario por la Región de Coquimbo recordó el precedente de una exgobernadora de su zona que terminó destituida de su cargo tras comprobarse que utilizaba el automóvil fiscal para dejar a su hijo de camino al trabajo o realizar compras particulares en el supermercado, evidenciando que la jurisprudencia administrativa suele ser implacable con este tipo de faltas.

“Es muy riguroso el uso de los autos fiscales. Aunque la gente no lo crea, es uno de los hechos más graves en la administración pública. Por tanto, si se comprueba que efectivamente a ella la estaban llevando a un carrete, por lo que se ha señalado en la prensa, ella va a tener que salir del cargo y el gobierno va a tener otra situación bochornosa de un ministro que sale por mal uso de recursos públicos”, enfatizó el legislador, tensionando la estabilidad del gabinete.

La crisis de coherencia y el cuestionado estándar del Ejecutivo

El cuestionamiento de fondo trasciende la figura de Duco y se instala en la consistencia política de la actual administración del Presidente José Antonio Kast. El oficialismo, que irrumpió en el escenario electoral con una narrativa beligerante e inflexible respecto al resguardo de la probidad, el combate a las drogas y el correcto uso de los dineros fiscales, enfrenta hoy un severo problema de coherencia interna frente a sus propios militantes y electores.

La acumulación de incidentes en apenas cuatro meses de gestión abre una legítima duda ciudadana sobre los criterios de selección aplicados para los cargos de alta dirección pública.

La salida previa de secretarios de Estado por problemas de inoperancia técnica, sumado a las bajas de funcionarios gubernamentales involucrados en casos de drogas o imputaciones por delitos sexuales, configuran un panorama que la oposición no ha dudado en calificar como un fracaso en el «casting» gubernamental.

El caso del automóvil de la ministra del Deporte se suma así a una lista de desprolijidades que tensionan el relato del Ejecutivo, demostrando que las promesas de una nueva ética pública suelen desmoronarse con rapidez cuando los propios encargados de implementarla confunden el rol institucional con el beneficio particular.