Un cambio relevante en la estructura de seguridad municipal comienza a operar este miércoles 12 de agosto en todo Chile. Se trata de la entrada en vigencia general de la Ley N°21.802, normativa publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2026 y que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales para fortalecer la institucionalidad municipal en seguridad pública y prevención del delito.

La legislación reconoce formalmente un papel preventivo, coadyuvante, colaborativo y complementario de los municipios dentro del sistema de seguridad, delimitándolo de las atribuciones exclusivas que mantienen Carabineros y la Policía de Investigaciones.

El cambio tiene particular impacto en comunas que ya habían desarrollado patrullajes y sistemas propios de seguridad. En Antofagasta, el alcalde Sacha Razmilic explicó en conversación con Patricia Palma, de Madero en Casa, que la nueva legislación entrega respaldo jurídico a funciones que los municipios venían desarrollando desde hace años.

“Finalmente le da un cuerpo y un sustento legal a algo que, municipios más, municipios menos, se viene haciendo desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

De los “guardias municipales” a inspectores reconocidos por ley

Uno de los cambios centrales es la regulación de la figura de los inspectores e inspectoras de seguridad municipal.

Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional establece que, desde agosto de 2026, comienza a regir un estatuto especial para estos funcionarios, con atribuciones vinculadas a prevención, convivencia, patrullaje y colaboración frente a determinadas situaciones, pero sin entregarles las facultades policiales reservadas a las instituciones correspondientes.

Razmilic destacó que este reconocimiento también resuelve una zona que hasta ahora podía generar problemas durante procedimientos en terreno.

“Hoy día les va a reconocer a ese inspector municipal de seguridad una condición como parte del sistema de seguridad”, explicó.

La normativa regula además requisitos, capacitación y elementos que pueden utilizar los inspectores en el cumplimiento de sus funciones. En determinados contextos podrán contar con implementos de protección y seguridad como chalecos antibalas, cascos balísticos, bastones retráctiles y esposas, bajo las condiciones fijadas por el nuevo marco.

La ley, sin embargo, no transforma a los inspectores municipales en policías. “Carabineros tiene una cantidad limitada de funcionarios y debiésemos orientarlos a cuestiones más bien graves, más peligrosas. Ellos son los que manejan armas de fuego”, planteó Razmilic.

La legislación establece precisamente límites a las actuaciones municipales y contempla reglamentos y protocolos adicionales para regular su intervención como coadyuvantes en procedimientos policiales. Algunos componentes del nuevo sistema, por tanto, tendrán una implementación progresiva.

Antofagasta apunta a 150 inspectores y seguridad 24/7

En este nuevo escenario, Antofagasta prepara una ampliación considerable de su capacidad operativa. “Estamos hablando de no menos de 150 guardias, inspectores de seguridad municipal”, adelantó Razmilic.

La planificación contempla además no menos de 30 móviles, distribuidos mediante sistemas de turnos para alcanzar una cobertura permanente. “Horarios 24/7. De eso se trata”, afirmó el alcalde.

Aunque todavía se estudia técnicamente la composición de la flota, Razmilic señaló que se privilegiarían vehículos de cuatro ruedas por razones de protección de los funcionarios. La dimensión financiera también será considerable. Las primeras estimaciones municipales sitúan el desembolso necesario entre $1.500 millones y $2.000 millones anuales. “No va a ser un costo. Va a ser una inversión en seguridad”, enfatizó.

Parte fundamental del proyecto será la Asociación de Seguridad por los Municipios del Norte (ASEMun), constituida por las municipalidades de Antofagasta y Mejillones.

Según explicó Razmilic, esta figura permitirá contratar personal bajo un régimen laboral que facilite los sistemas de turnos nocturnos y, al mismo tiempo, enfrentar las restricciones presupuestarias que tienen las plantas municipales.

Los municipios podrán transferir recursos a la asociación para financiar personal, vehículos, combustible, comunicaciones y otros componentes operativos, debiendo posteriormente rendirse esos fondos. Antofagasta ya cuenta además con cinco camionetas que trabajan mediante un convenio que integra a conductor, inspector municipal y funcionario de Carabineros.

El nuevo proyecto, sin embargo, pretende llevar esa capacidad a otra escala. La administración comunal trabaja con el director de Seguridad Pública municipal, Gonzalo Castro, en el diseño operativo y apunta a marzo de 2027 como fecha para estrenar el servicio ampliado. “Va a ser un antes y un después en Antofagasta”, aseguró Razmilic.

La ley entra en vigencia, pero su implementación continuará

La entrada en vigencia de la Ley 21.802 este 12 de agosto no significa que todos sus instrumentos comiencen simultáneamente a funcionar. La propia legislación establece plazos especiales para reglamentos, capacitación, adecuaciones institucionales e interconexión de sistemas. Por ejemplo, la plataforma destinada a conectar municipios, Ministerio Público y Carabineros deberá estar operativa dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia.

También se contempla un período de adecuación para los funcionarios que ya realizaban estas labores antes de la nueva legislación. Las nuevas contrataciones, en cambio, deberán cumplir los requisitos establecidos por la Ley 21.802.

Por ello, el 12 de agosto marca el inicio de un nuevo régimen nacional de seguridad municipal, pero también abre un proceso gradual de implementación. En Antofagasta, ese cambio legal encuentra al municipio desarrollando un proyecto propio que pretende pasar de los actuales patrullajes y convenios a un sistema permanente con 150 inspectores, alrededor de 30 móviles y presencia municipal de seguridad durante las 24 horas.