Una dura controversia política provocó la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la ley aprobada por el Congreso Nacional que prohíbe el corte de servicios básicos —agua, luz y gas— por deudas morosas durante catástrofes climáticas o temporales.

Las críticas aumentaron luego de que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, declarara desconocer los detalles del requerimiento presentado por el propio Ejecutivo ante el órgano constitucional, lo que generó inmediatas reacciones de fiscalización en la Cámara de Diputadas y Diputados.

«El Gobierno eligió ponerse del lado de los que abusan»

El diputado por la Región de Coquimbo, Daniel Manouchehri (PS), lamentó la acción judicial del Ejecutivo, acusando una falta de empatía con las miles de familias afectadas por las recientes emergencias hidroclimáticas en el país.

«Lo que hemos visto por parte del Gobierno es que, ante una norma bien básica aprobada por este Congreso que busca que a la gente no le corten el agua, la luz y el gas durante una crisis o temporal, el Ejecutivo decidió impugnarla. Eligieron ponerse del lado de los mismos que tuvieron durante más de 8 días sin suministro a la gente de mi región, usando un argumento constitucional tremendamente débil», enfatizó el parlamentario.

Las «dos tesis» tras el desconocimiento del Gabinete

Asimismo, Manouchehri apuntó directamente a la conducción política del Ministerio del Interior tras los dichos del biministro Alvarado, señalando que la falta de coordinación en una materia de alta sensibilidad social resulta inaceptable.

«Cuando se le pregunta al ministro del Interior y dice que no sabía, aquí surgen dos tesis: la primera es que el ministro está mintiendo, lo cual sería muy grave; y la segunda es que sea efectivo que el ministro más importante del Gabinete no sepa lo que hace su propio Gobierno en una materia tan relevante como ir al TC. Si esto fuera así, tendríamos la verdad un ministro del Interior de utilería», sentenció el legislador.

El debate continuará en la sede legislativa mientras se espera la resolución de admisibilidad del Tribunal Constitucional respecto al requerimiento gubernamental.