Una mujer ha presentado una denuncia contra el Presidente Gabriel Boric, acusándolo de la presunta difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento, hechos que se habrían revelado el pasado 6 de septiembre.
Esta denuncia ha generado gran revuelo, aunque el mandatario ha rechazado las acusaciones, las cuales, según su defensa, carecen de fundamento.
Jonatan Valenzuela, abogado defensor de Boric, desmintió las acusaciones en un comunicado público, asegurando que los hechos fueron plenamente refutados con evidencias entregadas a la Fiscalía Regional de Magallanes. Valenzuela detalló que, entre 2013 y 2014, su cliente fue víctima de acoso por parte de la denunciante, quien le envió múltiples correos electrónicos, incluidos mensajes con contenido explícito no solicitado.
El abogado subrayó que no existió ningún tipo de relación afectiva ni de amistad entre Boric y la mujer, y que desde 2014 no hubo más comunicación entre ambos. Según el abogado, la denuncia presentada en 2024 es completamente infundada.
En paralelo a esta denuncia, es necesario precisar que gracias a información investigada por The Clinic, la mujer en cuestión tiene un historial delictual que incluye diversos hechos graves. A lo largo de los últimos años, ha estado involucrada en varios incidentes de violencia y delitos, entre los que destacan un robo con amenaza en una estación de servicio, amenazas y desórdenes públicos, así como agresiones a Carabineros.
En varios de estos casos, la mujer fue detenida tras ser captada por cámaras de seguridad o tras alteraciones en su comportamiento, muchas veces relacionadas con el consumo de alcohol. Además, ha enfrentado cargos por violencia intrafamiliar, en los que se le ordenó atención en salud mental.
Pese a los antecedentes delictivos de la denunciante, el Gobierno de Chile, a través de la ministra vocera Camila Vallejo, ha descartado iniciar acciones legales contra ella por las acusaciones contra el Presidente Boric.
Vallejo destacó que la prioridad del mandatario es que la justicia esclarezca los hechos en lugar de tomar represalias, subrayando la delicadeza de la situación y reiterando el compromiso del Gobierno con la transparencia y el debido proceso judicial.
