Desde la cartera expresaron que el modelo tendría deficiencias como la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones.
Como respuesta a los informes emitidos por la Contraloría General de la República sobre las transferencias de recursos efectuadas en el marco del Subtítulo 33, que considera el Programa de Asentamientos Precarios, entre los años 2021 y 2023, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó una declaración pública, en la que se reconoce el error en cuanto al modelo de dicho programa.
En la información, se señala que entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre las Secretarías Regionales Ministeriales del Minvu fueron notificadas de los informes de auditoría que llevó adelante la Contraloría, en las que se revelaron una serie de irregularidades. Proceso en el que también, se solicitó la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, respectivamente, así como a nivel central, además de iniciar investigaciones amplias y sumarios en distintas regiones del país.
En cuanto al modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, indicaron que este requería de un estándar mayor de control, reconociendo que dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias.
Ante lo anterior y para prevenir este tipo de hechos, desde la cartera presentaron una Agenda de Modernización con 19 medidas para el rediseño completo del programa y de la relación institucional con las fundaciones, enfatizando en que no tolerarán que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas.
Finalmente, señalaron que durante el año 2022 se suscribieron 119 convenios con entidades sin fines de lucro; de ellos, 3 corresponden a Democracia Viva y a 11 se les puso término anticipado por diversos incumplimientos administrativos, quedando actualmente 7 en proceso de revisión.
