El hallazgo de 1.376.000 cajetillas de cigarrillos ocultas en dos camiones fiscalizados en María Elena no constituye un episodio aislado. El procedimiento forma parte de una sucesión de incautaciones que, entre enero y septiembre de 2026, elevó a más de ocho millones el número de cajetillas retiradas de circulación en la Región de Antofagasta.

La cifra equivale a más de 160 millones de cigarrillos, considerando 20 unidades por cajetilla, y permite dimensionar un mercado ilegal que utiliza al norte como puerta de entrada, zona de almacenamiento y corredor de distribución hacia otras regiones del país.

El último procedimiento comenzó durante la mañana del 9 de septiembre, cuando funcionarios de la Tenencia de María Elena fiscalizaron dos camiones estacionados en el kilómetro 1.485 de la Ruta 5 Norte. Al revisar los remolques, Carabineros encontró la mercancía extranjera escondida detrás de estructuras y tablas destinadas a impedir su observación desde el exterior.

Los vehículos transportaban 2.752 pacas, equivalentes a 137.600 cartones y 1.376.000 cajetillas, cuyo valor comercial fue calculado en más de $3.852 millones. Los cuatro ocupantes de los camiones, todos chilenos, fueron formalizados por contrabando y quedaron en prisión preventiva. El tribunal estableció 80 días para desarrollar la investigación.

La mercancía no contaba con documentos que acreditaran su ingreso legal a Chile ni con autorización sanitaria para su comercialización. De acuerdo con los antecedentes difundidos tras la formalización, este procedimiento permitió que el balance regional superara las ocho millones de cajetillas incautadas.

De cinco a ocho millones en cuatro meses

La magnitud del fenómeno puede observarse comparando dos balances del mismo año.

El 5 de mayo de 2026, la Fiscalía Regional de Antofagasta informó que Carabineros ya había incautado casi cinco millones de cajetillas desde comienzos de año. Según el fiscal regional Juan Castro Bekios, aquello representaba un aumento cercano al 30% frente al mismo periodo de 2025.

Al 11 de septiembre, el balance comunicado superaba los ocho millones. Esto significa que entre mayo y septiembre se agregaron, al menos, alrededor de tres millones de cajetillas a los registros de incautaciones regionales.

La cifra de septiembre es acumulada: incluye el último cargamento de 1.376.000 cajetillas y los demás procedimientos desarrollados durante el año. Por eso, el decomiso reciente no debe volver a sumarse a los ocho millones.

Uno de los hitos que explica el crecimiento de estas cifras ocurrió precisamente en María Elena. A comienzos de mayo, cinco personas fueron detenidas cerca del puente Quillagua mientras tres camiones transportaban 2.201.370 cajetillas de distintas marcas, avaluadas en cerca de $6.000 millones.

En ese procedimiento también fueron decomisados vehículos, municiones y una subametralladora UZI. Para la Fiscalía, la presencia de armamento confirmó que no se estaba frente a un comercio informal de menor escala, sino ante una operación con organización, capacidad logística y medios para proteger cargamentos de alto valor.

Por qué el norte es estratégico

La Región de Antofagasta reúne características que son aprovechadas por las redes de contrabando: extensas rutas internacionales y nacionales, grandes distancias entre localidades, zonas desérticas de baja presencia poblacional y conexiones terrestres que permiten trasladar mercancías desde la frontera hacia los principales centros urbanos.

María Elena y Quillagua aparecen reiteradamente en los procedimientos porque se ubican cerca de la conexión entre la Ruta 5 Norte y los caminos que enlazan las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Por allí circula diariamente una gran cantidad de camiones, lo que facilita intentar mezclar cargas ilegales con el transporte regular de mercancías.

Los antecedentes oficiales indican que parte importante de los cigarrillos incautados procede de Paraguay. El jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre, advirtió en mayo que la modalidad había cambiado: las cargas que antes podían movilizarse en buses o camionetas ahora son transportadas por camiones completos.

El último decomiso refuerza esa conclusión. Cada uno de los dos vehículos fiscalizados trasladaba, en promedio, mercancía avaluada en más de $1.900 millones. En el procedimiento de mayo, la estimación llegaba a aproximadamente $2.000 millones por camión.

Estos avalúos corresponden al valor comercial calculado para los cargamentos, no necesariamente a la utilidad de las bandas ni al monto exacto de impuestos que habría dejado de percibir el Estado.

Un negocio que no termina en la frontera

El contrabando requiere una cadena que supera ampliamente al conductor sorprendido en la carretera. Para llevar millones de cajetillas hasta los puntos de venta se necesita financiar la compra de la mercancía, organizar su ingreso al país, disponer de transporte pesado, habilitar lugares de almacenamiento y coordinar su posterior distribución.

También se requieren redes capaces de introducir los cigarrillos en circuitos de comercialización informal. Sin embargo, las investigaciones conocidas hasta ahora se concentran principalmente en la fase de transporte. Los antecedentes publicados no permiten establecer todavía quiénes financiaron los cargamentos, cuál era su destino final ni qué redes se encargarían de venderlos.

Esa es una de las brechas centrales del problema: incautar los camiones evita que la mercancía llegue al mercado, pero desarticular completamente el negocio exige identificar a quienes financian, coordinan y reciben las cargas.

La Fiscalía de Antofagasta incorporó el contrabando de cigarrillos entre sus prioridades contra el crimen organizado porque considera que genera importantes flujos de dinero para estructuras que también pueden participar en otros delitos. Además de las cajetillas, los procedimientos han permitido decomisar camiones, vehículos de apoyo, equipos de comunicación satelital y armamento.

Daño fiscal, sanitario y comercial

El impacto del contrabando tiene al menos tres dimensiones. La primera es fiscal: las cajetillas ingresan sin pagar los derechos e impuestos aplicables al tabaco y sin dejar registro de sus transacciones.

La segunda es sanitaria. Los productos decomisados carecían de autorización para su comercialización en Chile, por lo que no existe garantía oficial sobre su fabricación, composición, almacenamiento o cumplimiento de las advertencias exigidas por la normativa nacional.

La tercera consecuencia recae sobre el comercio establecido. Los negocios formales deben adquirir productos autorizados, emitir boletas y asumir cargas tributarias y sanitarias que no enfrentan los vendedores clandestinos. Esa diferencia permite que los cigarrillos ilegales sean ofrecidos a precios inferiores, favoreciendo su inserción en ferias, calles y otros circuitos informales.

Superar los ocho millones de cajetillas decomisadas constituye un indicador de la escala alcanzada por el contrabando en el norte, pero la cifra debe interpretarse con cautela. Un aumento en las incautaciones puede responder a una mayor circulación de mercancía ilegal, a controles policiales más efectivos o a una combinación de ambos factores.