La emergencia climática que golpeó al norte de Chile dejó una pregunta instalada más allá de los daños en caminos, faenas y comunidades: ¿está realmente preparada la industria minera para enfrentar eventos meteorológicos que ya dejaron de responder a los patrones históricos del desierto?

Para Pamela Bordones, geóloga, vocera de CTMIN, dirigenta de FESUMIN y presidenta del Sindicato de Supervisores de Minera Candelaria, los últimos eventos demostraron que todavía existen brechas importantes. A su juicio, la minería cuenta con estándares y procedimientos de seguridad, pero la magnitud de los fenómenos recientes obligará a revisar una planificación construida sobre condiciones climáticas que están cambiando.

“No estábamos preparados o no dimensionábamos los efectos de este cambio climático, porque la verdad es que en el norte de Chile las lluvias eran tres milímetros en todo el año. Hoy día llueve 20 milímetros en una hora”, planteó Bordones durante una entrevista en Nosotras Somos Minería, de Madero.

De los planes de emergencia a un nuevo estándar

El diagnóstico adquiere especial relevancia en una industria acostumbrada a operar bajo condiciones extremas. Faenas ubicadas en altura conviven habitualmente con nieve, bajas temperaturas y dificultades de conectividad. Sin embargo, a juicio de Bordones, los eventos recientes demostraron la necesidad de reforzar los protocolos existentes y prepararse para condiciones de mayor magnitud.

“Existen planes de emergencia, pero de forma muy básica, muy elemental. Por lo tanto, lo que nos lleva ahora, como representantes de los trabajadores, es a poner sobre la mesa planes de emergencia para condiciones más extremas”, sostuvo.

Bordones mencionó como ejemplo las nevazones registradas en algunas operaciones, donde, según explicó, la cantidad de nieve terminó superando las medidas preventivas existentes. Para ella, esta nueva realidad obliga a revisar una discusión especialmente sensible para el sector: hasta dónde debe llegar la continuidad operacional cuando las condiciones comienzan a comprometer la seguridad de los trabajadores.

“Las compañías deben privilegiar la seguridad y no la continuidad operacional”, enfatizó.

Trabajadores piden participar en las decisiones

La dirigenta sostuvo que las decisiones finales sobre suspender turnos, detener traslados o paralizar parcialmente una operación corresponden administrativamente a las compañías. Sin embargo, propone incorporar formalmente a los trabajadores en la evaluación de estas emergencias.

Su planteamiento apunta a crear mesas donde participen las empresas, sindicatos y comités paritarios, de manera que la información proveniente directamente de quienes desarrollan las labores sea considerada antes de adoptar una decisión.

“Es necesario que existan mesas de emergencia donde interactúen los representantes de los trabajadores, los sindicatos y el comité paritario, y en conjunto evalúen las condiciones”, señaló.

Bordones explicó que durante la reciente emergencia en Minera Candelaria se estableció una instancia de coordinación entre la compañía y las organizaciones sindicales, experiencia que, a su juicio, podría convertirse en un estándar para otras operaciones del norte.

La brecha entre trabajadores propios y contratistas

Otro de los puntos críticos planteados durante la conversación fue la protección de los trabajadores contratistas. Los problemas de conectividad y los cambios de turno registrados durante las lluvias volvieron a poner sobre la mesa las diferencias que pueden producirse entre personal propio y empresas colaboradoras.

Bordones reconoció que esas brechas todavía existen.

“Tenemos que hacer también un cambio cultural, porque se sigue viendo al contratista como de segunda clase”, afirmó.

La dirigenta sostuvo que frente a una emergencia los protocolos deberían garantizar condiciones equivalentes para toda la fuerza laboral, independientemente de la relación contractual.

“Como sindicato de una empresa mandante, debo exigir a la empresa que exista resguardo para todos los trabajadores, tanto para el contratista o colaborador como para el propio”, agregó.

Una responsabilidad que también alcanza a las comunidades

La discusión, sin embargo, no termina en los límites de las faenas. Bordones planteó que las compañías mineras deben incorporar en sus planes de emergencia el territorio donde están emplazadas.

Desde su experiencia en Tierra Amarilla recordó que la activación de ríos y quebradas puede cortar caminos y aislar sectores completos. En ese escenario, sostuvo, una compañía puede disponer de maquinaria pesada, capacidad logística y otros recursos capaces de contribuir directamente a enfrentar una emergencia.

“Si las empresas mineras están insertas dentro de una comunidad, deberían también hacerse parte de las necesidades de esa comunidad ante una emergencia”, afirmó.

La idea supone ampliar el concepto tradicional de continuidad operacional: no bastaría con garantizar que una faena pueda funcionar o evacuar a sus trabajadores si las localidades cercanas permanecen aisladas o enfrentando las consecuencias del mismo fenómeno climático.

“Estamos aprendiendo con el rigor”

Desde su formación como geóloga, Bordones agregó otra dimensión al debate: la necesidad de revisar las condiciones geotécnicas bajo las cuales opera actualmente la minería.

Según planteó, las precipitaciones extraordinarias obligan a considerar escenarios meteorológicos distintos a aquellos utilizados históricamente para diseñar y planificar las operaciones.

Su conclusión es categórica respecto del momento que, a su juicio, atraviesa la industria.

“Si tú me preguntas al día de hoy, estamos reaccionando tras la emergencia. Estamos aprendiendo con el rigor”, sostuvo.

Para Bordones, los últimos eventos deben transformarse en un punto de inflexión. La minería del norte enfrenta ahora el desafío de pasar desde protocolos diseñados para un desierto históricamente seco hacia sistemas capaces de anticipar lluvias intensas, nevazones extraordinarias, interrupciones de caminos y otros fenómenos que pueden afectar simultáneamente operaciones, trabajadores y comunidades.

A su juicio, este nuevo escenario exige mayor planificación frente a eventos meteorológicos, revisión de las condiciones geotécnicas, participación de los trabajadores y una protección equivalente para personal propio y contratista. Todo bajo un principio que, según enfatizó, debe ordenar las decisiones durante una emergencia: la seguridad por sobre la continuidad operacional.