La violencia intrafamiliar no afecta solamente a quien recibe directamente una agresión. Para un niño, escuchar amenazas, presenciar golpes, observar episodios reiterados de violencia o crecer en un ambiente marcado por el miedo y el conflicto también puede transformarlo en víctima.

Así lo explicaron en en Madero en Casa con Patricia Palma, en Plataformas Madero, Claudia González, asistente social, y Julia Araya, abogada del programa “La Niñez y la Adolescencia se Defienden”, iniciativa de representación jurídica especializada para niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados.

“La violencia intrafamiliar sí constituye una vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya sea cuando son víctimas directas o cuando son espectadores de estos hechos”, explicó Araya.

La profesional recalcó que la exposición puede afectar la integridad física y psicológica, además del desarrollo integral de los menores.

No es necesario que exista una agresión directa

Uno de los puntos centrales de la conversación fue precisamente romper con la idea de que únicamente existe vulneración cuando un niño es golpeado.

La exposición permanente a peleas, amenazas, violencia psicológica o episodios entre sus figuras parentales también puede generar una intervención del sistema de protección.

En estos casos, explicó Araya, el Tribunal de Familia puede iniciar una medida de protección y designar un curador ad litem, es decir, un abogado encargado de representar directamente los intereses del niño, niña o adolescente.

“Nosotros nos encargamos de entrevistar a los niños, darles a conocer sus derechos y especialmente su derecho a ser oídos por el tribunal”, señaló.

El objetivo es que la opinión del menor pueda incorporarse al procedimiento judicial, siempre bajo el principio de su interés superior.

De la violencia aislada al delito

La abogada explicó además que existen diferencias dependiendo de la gravedad y reiteración de los hechos.

Los episodios de violencia intrafamiliar pueden ser conocidos inicialmente por los Tribunales de Familia. Sin embargo, cuando existe habitualidad y las conductas se repiten durante un periodo prolongado, los antecedentes pueden adquirir relevancia penal y ser investigados por el Ministerio Público.

Entre las medidas cautelares que puede adoptar un tribunal se encuentran la prohibición de acercamiento del presunto agresor, su salida del hogar, restricciones de comunicación y, cuando existen hijos en común, eventualmente la suspensión del régimen de relación directa y regular.

La legislación chilena establece además que los niños tienen derecho a desarrollarse en un entorno adecuado y libre de violencia.

Niños hiperalertas, retraídos o agresivos

Desde el ámbito social, Claudia González advirtió que las consecuencias pueden permanecer durante años si la situación no se interrumpe oportunamente.

“Es un impacto profundo en la vida de un niño, niña o adolescente que está inserto en un sistema familiar tóxico, violento y altamente conflictivo”, afirmó. Las manifestaciones no son iguales en todos los casos.

Algunos niños se vuelven retraídos, inseguros y presentan dificultades para relacionarse con otras personas. Otros reproducen las formas violentas de resolución de conflictos que han aprendido dentro de sus hogares.

También pueden aparecer problemas de regulación emocional, ansiedad, dificultades escolares y alteraciones del sueño. Una de las situaciones más complejas, explicó González, ocurre cuando se produce una inversión de roles. “Hay niños que tienden a proteger a sus mamás o a sus hermanos. Constantemente están en alerta”, señaló.

En esos casos, menores que deberían estar siendo protegidos terminan asumiendo responsabilidades emocionales propias de los adultos.

El riesgo de normalizar la violencia

Las profesionales explicaron que el problema puede profundizarse cuando la violencia se prolonga durante años. Los menores pueden desarrollar lo que se conoce como trauma complejo y trasladar posteriormente estos patrones hacia otros espacios de su vida.

Un niño expuesto reiteradamente a estas dinámicas podría presentar dificultades en su interacción escolar, convertirse nuevamente en víctima en otros entornos o, en determinados casos, reproducir conductas agresivas durante su vida adulta.

El programa también ha debido representar a menores que han sido testigos de hechos de extrema gravedad, incluidos femicidios frustrados. Otro fenómeno abordado durante la conversación fue la retractación de denuncias por parte de adultos víctimas de violencia.

Según González, existen relaciones que permanecen dentro de un ciclo marcado por episodios de agresión, reconciliación y nuevas situaciones violentas. A ello pueden agregarse amenazas o mecanismos de presión económica y emocional. “Si tú me denuncias, te voy a quitar a los niños” o “no te voy a entregar la pensión” son ejemplos de mecanismos de manipulación mencionados durante la entrevista.

Sin embargo, una retractación no implica necesariamente que el sistema de protección deje de observar lo que ocurre con los menores involucrados. Si existen antecedentes que indiquen una eventual vulneración, el tribunal puede continuar evaluando su situación. El trabajo de representación no se limita al relato del niño.

Las profesionales explicaron que se coordinan también con establecimientos educacionales, equipos de convivencia escolar, profesionales psicosociales y centros de salud para construir una mirada integral.

Cambios abruptos de comportamiento, lesiones, bajo rendimiento, ausentismo, ansiedad o relatos espontáneos realizados a profesores pueden transformarse en señales de alerta.

“Muchas veces los niños necesitan hablar de lo que está pasando y se lo cuentan, por ejemplo, a una profesora”, explicó González. Cuando existe conocimiento de una posible vulneración, los establecimientos tienen deberes legales de denuncia según las circunstancias del caso.

Más medidas de protección

Aunque las entrevistadas señalaron no contar durante la conversación con una estadística consolidada que permita afirmar un aumento específico de la violencia intrafamiliar, sí indicaron que las aperturas de medidas de protección han aumentado.

Araya explicó que durante este año la numeración de estas causas en el tribunal ya supera las tres mil.

Sin embargo, hizo una precisión relevante: más causas no necesariamente significa automáticamente más violencia. También puede reflejar un mayor número de denuncias o una mayor activación institucional frente a situaciones que anteriormente permanecían invisibilizadas.

No todas las medidas terminan además con una sentencia que establezca vulneraciones, aunque las profesionales señalaron que gran parte de las causas en las que intervienen sí requieren algún tipo de medida de protección.

La entrevista abordó finalmente un fenómeno cada vez más frecuente: conflictos familiares que terminan expuestos masivamente en redes sociales y medios de comunicación.

Sin entrar en antecedentes particulares de casos actualmente judicializados, las profesionales plantearon que cuando existen niños involucrados debe prevalecer su protección.

La exposición pública de peleas entre adultos, acusaciones cruzadas y detalles familiares puede generar ansiedad, temor, sentimientos de culpa y dificultades en los espacios donde los menores desarrollan su vida cotidiana.

“Se está centrando solamente el conflicto de estos adultos, pero se está invisibilizando lo que ocurre con los hijos que están en esta situación”, sostuvo González.

El punto resulta especialmente relevante porque las causas de protección de niños, niñas y adolescentes no son asuntos abiertos indiscriminadamente al conocimiento público. La judicialización, por tanto, no debiera convertirse en una nueva forma de exposición.