De igual manera, el TC determinará si se prosigue con la investigación, mientras que el mandatario ya solicitó un recurso que busca anular la denuncia constitucional interpuesta .
Durante este miércoles la Fiscalía de Perú aseguró que la denuncia constitucional por corrupción presentada hace una semana por la fiscal general Patricia Benavides contra el Presidente Pedro Castillo que lo posiciona como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. Contiene más de “190 elementos” probatorios que sustentan su acusación de que es el presunto líder de una organización criminal.
“Esta denuncia contiene una serie detallada de imputaciones y cada imputación tiene un correlato probatorio. Este acervo probatorio de más de 190 elementos sustenta detalladamente cada marco de la acusación para que la defensa ejerza el derecho que le corresponde”, subrayó el fiscal adjunto supremo Marco Huamán durante una reunión informativa con la prensa extranjera acreditada en Lima.
Por su parte la defensa del presidente Pedro Castillo no se quedó de brazos cruzados ya que su abogado presentó ante te la Corte Suprema un recurso para anular la denuncia constitucional que fue presentada ante el Congreso la Fiscalía General de la Nación contra el mandatario por presuntamente encabezar una organización criminal.
Presentada la tutela de derechos en defensa del Presidente Castillo para anular la denuncia constitucional de la FN. pic.twitter.com/NN27bVMEZw
— Benji Espinoza Ramos (@BenjiEspinozaR) October 17, 2022
A su vez la defensa de Castillo sostiene que el artículo 117 de la Constitución establece que el actual jefe de estado sólo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
De igual manera, la denuncia debe ser revisada por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que también ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que interprete la Carta Magna del país para determinar si se puede proseguir con la acusación contra el gobernante.
Fuente: Prensa Austral
