La desvinculación de docentes en distintas comunas de Atacama abrió un nuevo conflicto entre comunidades educativas y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama. El gremio sostiene que las y los profesores estaban cumpliendo sus funciones y reclama que se revise la aplicación de la normativa. Apoderados de la Escuela Especial María Luz Lanza Pizarro, en Copiapó, advierten que la salida de una profesora podría afectar los procesos de adaptación de sus estudiantes.

De acuerdo con el Colegio de Profesoras y Profesores, entre las comunas involucradas están Chañaral, Tierra Amarilla y Copiapó, con docentes de establecimientos como la escuela carcelaria de Chañaral, la Luis Uribe, el Liceo Jorge Alessandri y la Escuela Especial María Luz Lanza Pizarro. También se mencionaron escuelas y liceos de Copiapó, entre ellos Bernardo O’Higgins, San Pedro, El Palomar y José Antonio Carvajal.

El directorio comunal y regional del gremio señaló que acompañó a las y los docentes desde que recibieron las notificaciones y que presentó recursos de reposición ante el SLEP dentro del plazo correspondiente. Según su representante, esperaban que las personas afectadas permanecieran en sus puestos mientras se respondían esas presentaciones, pero finalmente debieron dejar sus lugares de trabajo.

“Vamos a hacer todas las acciones legales que estén a nuestro alcance. Creemos que tenemos la razón”, sostuvo el dirigente, quien agregó que esperan que se reconsidere el decreto 390 y que las y los docentes puedan ser restituidos en sus establecimientos.

Gremio cuestiona el proceso y pide revisar la norma

El representante del profesorado afirmó que las desvinculaciones no responderían a un incumplimiento de funciones, sino a la aplicación del sistema de reconocimiento profesional. A su juicio, existe una brecha entre la normativa y el desempeño laboral observado en los establecimientos.

El artículo 19 S de la Ley 20.903 establece causales de desvinculación vinculadas a los resultados de procesos consecutivos de reconocimiento profesional. La Ley 21.625, publicada en 2023, modificó aspectos del sistema y reforzó el acompañamiento formativo para docentes que no logran progresar. 

El gremio también pidió revisar la forma en que se aplican las evaluaciones y los apoyos formativos, especialmente cuando se trata de comunidades con necesidades educativas específicas. En el caso de la escuela especial de Copiapó, la apoderada Paola Barrera cuestionó que se utilice un mismo criterio de evaluación para docentes de establecimientos regulares y diferenciales.

Alertan por efecto en estudiantes de escuela especial

Barrera explicó que la Escuela María Luz Lanza Pizarro atiende a cerca de 150 estudiantes con distintas discapacidades, entre ellas intelectual y física, además de niñas y niños dentro del espectro autista. Según relató, la docente desvinculada llevaba 15 años en el establecimiento y su salida fue comunicada por correo electrónico, a dos meses del cierre del año escolar.

“Los niños nuestros tienen un proceso. No es llegar y decir: ‘usted se va’, y que acepten a otra profesora”, planteó. La apoderada pidió que la docente pueda terminar el año, debido al tiempo que algunos estudiantes requieren para adaptarse a nuevas personas y rutinas.

También cuestionó que, según su versión, la evaluación aplicada no habría considerado las particularidades de la educación especial. Barrera afirmó que la comunidad solicitó acompañamiento formativo y que le preocupa que los demás docentes deban reorganizarse para cubrir la ausencia.

La apoderada agregó que las obras cercanas al establecimiento generan ruidos que pueden afectar a estudiantes con hipersensibilidad auditiva o que se desregulan ante ciertos estímulos. Según dijo, algunas familias han pedido medidas para resguardar las actividades escolares y la continuidad de los apoyos.

Movilizaciones en establecimientos

El Colegio de Profesoras y Profesores señaló que comunidades educativas se han movilizado en Tierra Amarilla y Copiapó para pedir el regreso de los docentes. En la Escuela Bernardo O’Higgins, de acuerdo con el gremio, las manifestaciones se han mantenido durante varios días.

Barrera confirmó que la comunidad de la escuela especial también se manifestó y sostuvo que apoderados y docentes buscan que las autoridades escuchen sus planteamientos. “Nuestros hijos también merecen ser escuchados y valorados”, dijo.

El directorio gremial afirmó que continuará las gestiones legales y llamó a las y los docentes afectados a mantener la confianza en el proceso.