US$140 millones es la cifra que comenzó a dimensionar el impacto económico de las irregularidades en los registros de producción de Codelco, según los antecedentes expuestos durante la junta extraordinaria de accionistas de la estatal. El monto fue destacado por el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), querellante en la causa, quien advirtió que todavía falta aclarar qué ocurrió en años anteriores.

“Se ha llegado a una verdad importante. Son US$140 millones, más el prestigio, que vale mucho más que eso, de la principal empresa del Estado”, señaló el parlamentario, quien valoró que Codelco haya reconocido formalmente los antecedentes.

Hasta ahora, las adulteraciones reconocidas corresponden a 2024 y 2025. Para Mulet, la investigación debe establecer si hubo situaciones similares en 2023, 2022 y 2021, y determinar quiénes tuvieron responsabilidad en los hechos.

“Hay situaciones, a mi juicio, de carácter delictivo, gravísimas, que se tienen que seguir investigando en sede penal”, afirmó. El diputado indicó que presentó una querella y que se han solicitado diligencias para esclarecer el caso.

La investigación podría abarcar más años

Mulet sostuvo que los antecedentes también obligan a revisar los controles internos de la estatal y el papel de su gobierno corporativo. Además, vinculó la producción artificialmente elevada con los incentivos asociados al cumplimiento de metas y el pago de bonos.

“Aquí se hicieron mal las tareas. El gobierno corporativo debió haber vigilado la administración y la ejecución de la empresa”, planteó. Añadió que la investigación debe determinar si hubo acuerdos para sostener una situación anormal y qué responsabilidades corresponden a quienes debían supervisar la operación.

“Esto es solo por las adulteraciones de los años 2024 y 2025. Pero, ¿qué pasó el año 2023, 2022 y 2021? Esto hay que investigarlo a fondo”, dijo.

El parlamentario defendió que Codelco permanezca en manos del Estado, aunque sostuvo que requiere cambios profundos en su administración y en sus sistemas de control. La cifra de US$140 millones constituye una referencia sobre la dimensión del caso, mientras la investigación deberá precisar su alcance económico y las responsabilidades involucradas.