En las últimas horas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) publicó un informe sobre las protestas sociales en Perú que resultaron en la muerte de cerca de 50 personas. El contenido del documento confirma que se utilizó «fuerza letal» contra manifestantes en múltiples zonas del país.
La presidenta de la República, Dina Boluate, afirmó que su gobierno adoptó ciertas recomendaciones del informe. Sin embargo, expresó su oposición en tres casos investigados.
“Las protestas de diciembre a febrero que ocurrieron, quienes la han provocado y promovido han sido aquellas personas, gracias a Dios en menor cantidad, a la gran mayoría que quería vivir en paz. […] Hemos atendido sus recomendaciones, pero sí discrepamos en tres puntos”, expresó la mandataria desde Lambayeque.
A su vez, prefirió no responder sobre el uso de armas letales en las protestas y aseguró que el asunto está bajo investigación. Boluate destacó parte del informe donde se menciona que «el gobierno actuó rápidamente» para atender a las víctimas, todo esto, a pesar de las denuncias presentadas por los familiares.
Los documentos publicados por la ONU, señalan la existencia de casos documentados en los que las fuerzas de seguridad utilizaron violencia que excedió los estándares internacionales, “lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”, incluso para manifestantes y transeúntes que no significaban amenaza alguna para las fuerzas armadas.
“Sin embargo, también se produjeron actos de violencia por parte de manifestantes y otras personas que causaron heridos, incluidos agentes de policía y miembros del ejército, así como la destrucción de bienes públicos y privados. Como se detalla en este informe, también hubo casos de uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado”, se lee.
La ONU, además, contabilizó 108 civiles heridos con armas de fuego y de esos el 60% presentaban lesiones en la parte superior del cuerpo como el rostro, el pecho y la espalda. El 39% quedaron con “secuelas físicas permanentes”, luego de que los proyectiles alcanzaron órganos vitales. Adicionalmente otros 713 civiles también fueron heridos, mayormente con contusiones.
Finalmente, el documento también expone 18 recomendaciones para que el Estado peruano implemente tras la investigación. Una de ellas sugiere que se debe evitar declarar el estado de emergencia en medio de manifestaciones. Asimismo, solicita a las fuerzas de orden público no hacer uso de armas de fuego en las protestas sociales y que se garantice la no violencia antes de efectuar las armas menos letales.
