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La Corte Suprema ha acogido un recurso de protección presentado por la Municipalidad de Ollagüe, el Gobierno Regional de Antofagasta y Ricardo Díaz Cortés, instando a las autoridades sanitarias a tomar medidas más efectivas para salvaguardar la salud de la población frente al creciente número de inmigrantes en esta localidad fronteriza.
En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal determinó que las medidas adoptadas hasta la fecha resultan insuficientes para mitigar los riesgos de salud asociados al aumento del flujo migratorio. Basándose en disposiciones legales, la resolución destaca la obligación del Ministerio de Salud y las Secretarías Regionales de ajustar las políticas de salud a las particularidades de cada región.
El fallo destaca que el Ministerio de Salud no ha logrado abordar adecuadamente los riesgos que ha traído consigo el incremento del flujo migratorio en Ollagüe durante la pandemia. La comunidad se ha visto obligada a recibir a un número significativamente mayor de personas en relación con su población, y su único centro de atención médica, la posta rural, ha enfrentado dificultades para brindar atención y protección adecuadas.
Además, la falta de discriminación entre contagiados, contactos estrechos y personas sanas, así como la limitada disponibilidad de transporte público, han expuesto a la población a situaciones de riesgo sin la protección necesaria.
La Corte Suprema determinó que las medidas adoptadas por las autoridades, aunque correctas, no tuvieron en cuenta el tamaño de la comuna, su infraestructura de salud, la situación socioeconómica de la población y el acceso a implementos de protección. Estas deficiencias vulneraron las garantías constitucionales de los habitantes de Ollagüe.
Como resultado, la Corte Suprema ha revocado una sentencia anterior y ha declarado que el Ministerio de Salud ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria. Se ordena a las autoridades competentes que actúen coordinadamente para garantizar la protección efectiva de la salud de los habitantes de Ollagüe. Se les insta a establecer medidas y planes de trabajo necesarios para evitar futuras situaciones de riesgo y a informar a la respectiva Corte de Apelaciones sobre las acciones adoptadas.
