Esto debido a que el portal de información atacameño informó del nombramiento en un cargo directivo de una enfermera casada con un imputado por la ejecución extrajudicial del estudiante Guillermo Vargas en la Universidad de Atacama en 1974, ocurrida precisamente en dicho establecimiento de salud.
La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de protección interpuesto por la dirección del Hospital Regional de San José del Carmen, encabezado por el Director Bernardo Villablanca, en contra del Medio Digital El Zorro Nortino, por la publicación en que dicho Medio Digital informó del nombramiento en un cargo directivo de una enfermera casada con el imputado por la ejecución extrajudicial del estudiante Guillermo Vargas en la Universidad de Atacama en 1974, en ese establecimiento de salud.
El libelo argumentó que el Medio Digital con su publicación había afectado el derecho a la honra de la enfermera Sandra Retamal, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, el derecho a la vida privada y la intimidad, el derecho a la admisión a todas las funciones y empleos públicos y finalmente el derecho a la imagen y el derecho a la propiedad sobre ella. Mientras que la defensa del Zorro Nortino respondió que todo lo publicado era verdadero, de carácter público, disponible en fuentes abiertas como portal de transparencia.
El Medio de Comunicación Digital, en respuesta al recurso de protección señala que: “me sorprende entender que una persona se sienta deshonrada por dar a conocer su nombre, profesión, vínculo matrimonial o la remuneración que recibe del estado y que se actuó conforme a la ley de prensa, no existen ofensas, agravios ni imputaciones falsas o abuso informático de ningún tipo que afecten a la recurrente, sino solo el uso del derecho constitucional de información sobre un asunto de interés público regional, del cual es protagonista”.
En el fallo, la Corte de Apelaciones cita la sentencia de la Corte Suprema rol N° 21.499 – 2014, que aborda la colisión entre el derecho a la honra y el de informar y la libertad de expresión, donde argumenta que “no tiene un carácter absoluto y que, por ende, se encuentra sujeto a límites tales como el interés público en que la ciudadanía conozca de una determinada información” indicando que debe fallarse caso a caso y usando la jurisprudencia disponible como guía.
En su fallo, la Corte de Apelaciones determinó que la nota publicada “no se divisa de manera grave ni categórica que lo allí expresado respecto de la señora Muñoz Retamal pueda considerarse como una privación, perturbación ni amenaza de su derecho al respeto y a la protección de la vida privada y de la honra tanto de ella como de su familia, en grado que pueda justificar la intervención de esta Corte en resguardo de dicha garantía constitucional”, argumentando que la información de su estado civil, profesión, cargo y sueldo son datos de carácter público.
Fue la primera sala de dicha corte la que explicitó que: “la calidad de funcionaria pública de doña Sandra Muñoz Retamal y el ejercicio de un cargo de nivel directivo, aun cuando sea en carácter de subrogante, la sitúa en una óptica de escrutinio público, tanto al interior como al exterior de la Institución en la cual se desempeña, lo que resulta propio e inherente a la función pública llamada a ejercer, motivo por el cual no puede sustraerse al examen e información de sus antecedentes profesionales y aún familiares” en el mismo documento.
Respecto a la calidad del cónyuge Guillermo Riveros Rojas, de procesado por la muerte de Guillermo Vargas en la Universidad de Atacama en una violación grave a los derechos humanos, la corte estimó que: “se ha limitado a publicar antecedentes vinculados con la investigación de hechos ocurridos en el año 1984 en esta ciudad de Copiapó, ejerciendo la libertad de expresión, cuya verificación ha significado para el cónyuge de la señora Muñoz Retamal – aún cuando en esa época no estaban en estado de matrimonio – que se encuentre sometido a proceso, de tal manera que por tratarse, lo anterior, de hechos de relevancia pública, el derecho a la honra y la vida privada cede en este caso ante la necesidad de protección de que goza la libertad de información, considerando la necesidad de la ciudadanía de conocer hechos como aquellos de que se trata en autos”, argumentó la Corte de Apelaciones de Copiapó.
