Debido a diversos hechos que comprometen el patrimonio y el medio ambiente, la comunidad del interior de la región requirió la acción inmediata del organismo.
En diciembre del 2022, la Comunidad Indígena Atacameña de Conchi Viejo presentó ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, una demanda por daño ambiental por derrame de ácido sulfúrico y afectación a sitios patrimoniales históricos, algunos milenarios, contra Minera El Abra, de propiedad de CODELCO que es socia del 49% de las acciones de dicha empresa.
Desde la comunidad, indicaron que la Minera El Abra ha actuado culposamente frente a la afectación de sitios arqueológicos y el vertimiento de ácidos en Cerro Turquesa, el Complejo San José, la Quebrada Panizo y Lagarto ya que, según el libelo, la minera cruza el corazón de esta propiedad atacameña y sobre la cual la comunidad de Conchi Viejo tiene propiedad ancestral. La demanda fue admitida por el Tribunal a fines de diciembre y se encuentra acogida a tramitación.
En paralelo, la comunidad, representada por su Presidente Iván Barriga y el Abogado Daniel Guevara, acudieron junto al Diputado Jaime Araya a las dependencias del Consejo de Defensa del Estado, para solicitar su actuación en este litigio, junto con entregar antecedentes para constatar que los hechos no son aislados en el sector y, de acuerdo a lo que expresa la comunidad indígena, “estos derrames ocasionaron afectaciones patrimoniales irreversibles en sectores arqueológicos importantes”.
En este sentido, el Diputado Jaime Araya, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, comentó la importancia de Conchi Viejo, “Conchi Viejo es parte de los lugares patrimoniales más importantes que tenemos en nuestra región y lo que ha pasado nos parece inaceptable. Hemos venido a presentar estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para un efecto preciso: que ellos puedan analizar y evaluar si es pertinente que se hagan parte de esta demanda por daño ambiental que se está tramitando, habida consideración a que hay un daño al medio ambiente muy importante y al patrimonio arqueológico de nuestra región y que debemos ser muy responsables en cautelar”.
El parlamentario no descartó que este asunto sea visto en la Comisión de Medio Ambiente al retorno del receso legislativo, debido al involucramiento de la Minera El Abra y los capitales de CODELCO.
En tanto, el Presidente de la Comunidad de Conchi Viejo, Iván Barriga, indicó el objetivo de esta denuncia, “busca dar cuenta de los daños que ha hecho la Minera El Abra en el tiempo y que son repetitivos”. Indica que los daños son ambientales y patrimoniales: “Se ve amenazada nuestra historia como comunidad indígena. Es por eso que hemos puesto una demanda. (…) Esperamos que se cumpla la ley en Chile”. Menciona además que “Hay tratados que protegen a las comunidades indígenas en nuestro país y esos derechos no se están cumpliendo”.
Por su parte, Daniel Guevara, abogado representante de la comunidad de Conchi Viejo señala que “lo que está pasando en el territorio ancestral es inaceptable, es un insulto a los derechos humanos”.
Cabe recordar, que Conchi Viejo es una localidad distante a 80 kms. de Calama, a orillas del Río Loa, en la región de Antofagasta. Es un antiguo paraje de ocupación prehispánica y con pasado minero desde el siglo XVII, donde se explotaba la Atacamita y los carbonados de Cobre. En la actualidad, 300 comuneros tienen derechos constituidos en el lugar.
Finalmente, El Abra a través de un comunicado indicaron que, “ante las acusaciones de que El Abra habría causado un daño ambiental y patrimonial en algunas áreas de su operación y que afectarían a la comunidad de Conchi Viejo, quieren manifestar que no han sido notificados hasta ahora de una demanda ambiental por parte de la comunidad indígena de Conchi Viejo. El Abra tiene un convenio de colaboración con esta comunidad que se extendió recientemente y ha contado con un diálogo fluido para el desarrollo de numerosos proyectos para la comunidad”.
Además, de comentar que con el propósito de aclarar todo tipo de dudas, plantearon a la comunidad contar con expertos que permitan constatar en terreno los supuestos daños imputados, pero lamentan que no hayan acogido esta propuesta. A pesar de esto, siguen comprometidos con el diálogo abierto con la comunidad para encontrar soluciones a las diferencias, y a continuar apoyando iniciativas que permitan una positiva y permanente relación de largo plazo.
