El uso de cámaras, aplicaciones internas y sistemas de monitoreo en faenas vuelve cada vez más relevante una pregunta: ¿qué datos puede pedir y tratar un empleador? En el programa Tienen que saberlo, de la Federación Minera de Chile, los abogados Gabriela Carrasco y Eduardo Díaz analizaron las reglas actuales y los cambios que contempla la Ley 21.719 de protección de datos personales.

Carrasco explicó que un dato personal permite identificar a alguien —como el nombre, el RUT o el domicilio—, mientras que uno sensible revela aspectos de su vida privada, como información de salud, biométrica, orientación sexual, identidad de género o afiliación sindical. La Ley 21.719 incluye expresamente esta última entre las categorías de datos sensibles.

En el ámbito laboral, los invitados señalaron que la información solicitada debe guardar relación con la capacidad e idoneidad para el cargo. Como ejemplo, recordaron que el Código del Trabajo prohíbe condicionar la contratación a la ausencia de deudas comerciales, salvo excepciones legales para ciertos cargos con facultades de administración o manejo de fondos.

Monitoreo en la minería

Uno de los focos de la entrevista fue el monitoreo en la minería. Díaz planteó inquietudes por los sistemas que analizan el rostro de quienes conducen equipos para detectar fatiga, somnolencia o distracción, especialmente cuando generan alertas o reportes que pueden influir en la relación laboral. La Dirección del Trabajo ha señalado que estos mecanismos deben evaluarse según su finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y que el análisis facial automatizado permanente puede afectar de manera desproporcionada la privacidad y otros derechos fundamentales.

Cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad también deben tener una finalidad justificada y respetar la dignidad de las personas trabajadoras. En la conversación, Carrasco advirtió que no basta con invocar razones de seguridad: la medida debe ser adecuada al objetivo y no convertirse en una forma de vigilancia indiscriminada. La Dirección del Trabajo indica, además, que el control audiovisual debe estar contemplado en el reglamento interno y resguardar derechos como la intimidad y la honra.

Alcanza a sindicatos

Los abogados destacaron que las obligaciones alcanzan también a sindicatos y otras organizaciones que recopilan información de sus afiliados. La afiliación sindical es un dato sensible, por lo que las organizaciones deben cuidar su uso y almacenamiento.

Según explicaron, la nueva normativa incorpora derechos para que las personas puedan solicitar información sobre el tratamiento de sus datos y pedir, cuando corresponda, su rectificación o eliminación.

La entrada en vigencia de la Ley 21.719 estaba fijada originalmente para el 1 de diciembre de 2026. Durante octubre, el Congreso tramitaba una propuesta para postergarla: la Comisión de Constitución aprobó en particular una fecha de entrada en vigor para el 15 de octubre de 2027, y la Comisión de Hacienda la despachó a la Sala del Senado. Al cierre de esta nota, la modificación aún debía completar su tramitación legislativa, por lo que la fecha legal seguía sujeta a cambio.