Dirigentes de la Unión Comunal de Caldera aseguraron en conversación con Radio Madero que no se oponen a la construcción de un nuevo recinto penitenciario para Atacama, pero sí cuestionan su emplazamiento. Piden una nueva consulta ciudadana y advierten sobre eventuales externalidades para Caldera y sectores rurales. Una discusión que encuentra un antecedente en Rancagua, donde comunidades cercanas a su cárcel han denunciado durante años problemas de seguridad y convivencia.

La Cárcel El Arenal vuelve a generar preocupación entre organizaciones sociales de Caldera. Carlos Pereira, presidente de la Unión Comunal, y Jorge Varas, secretario de la organización, llegaron hasta los estudios de Radio Madero para explicar por qué consideran necesario revisar la ubicación escogida para el nuevo complejo penitenciario que se proyecta entre Copiapó y la costa.

El conflicto, recalcaron, no pasa por desconocer la necesidad de contar con nueva infraestructura penitenciaria. Los dirigentes sostienen que el problema es dónde se instalará y cuáles podrían ser las consecuencias para las comunidades cercanas, especialmente ante la magnitud que tendrá el establecimiento.

Según información oficial del Ministerio de Obras Públicas sobre la Cárcel El Arenal, el recinto estará ubicado en un terreno fiscal aproximadamente 40 kilómetros al norponiente de Copiapó y a 12 kilómetros del Aeropuerto Desierto de Atacama. Tendrá una superficie construida cercana a los 76.600 metros cuadrados y capacidad para 2.160 personas privadas de libertad.

“No nos oponemos a que salga la cárcel”

Durante la entrevista, Carlos Pereira planteó que la postura de las organizaciones no consiste en impedir que Atacama cuente con un nuevo establecimiento penitenciario.

“Nosotros no nos oponemos a que salga la cárcel”, explicó el dirigente, agregando que reconocen los problemas de capacidad que enfrenta actualmente el sistema penitenciario.

Lo que solicitan es reconsiderar el emplazamiento de la Cárcel El Arenal y analizar una alternativa territorial que, a juicio de los dirigentes, disminuya los posibles impactos sobre Caldera, Copiapó y las localidades rurales cercanas.

Uno de los lugares mencionados durante la conversación fue el sector de Carrera Pinto, que los representantes vecinales plantearon como una alternativa que debería ser estudiada por las autoridades antes de continuar avanzando con el actual emplazamiento.

Carlos Pereira, presidente de la Unión Comunal, y Jorge Varas, secretario de la organización

Preocupación por seguridad y llegada de población flotante

Uno de los principales temores expresados por la Unión Comunal tiene relación con las externalidades que podría generar un establecimiento penitenciario de esta magnitud.

Los dirigentes manifestaron preocupación por el eventual aumento de población flotante asociada a familiares y visitantes de personas privadas de libertad provenientes de distintos puntos del país, así como por las consecuencias que, según temen, podrían producirse sobre localidades que actualmente presentan limitaciones en materia de seguridad y servicios.

También apuntaron a la ubicación estratégica del sector. El proyecto se encuentra próximo al Aeropuerto Desierto de Atacama y a la Ruta 5 Norte, principal eje de conectividad terrestre de la región.

Desde la organización plantean que estos factores deberían formar parte de una evaluación territorial más amplia antes de consolidar definitivamente el proyecto.

Dirigentes piden una nueva consulta ciudadana

Frente a este escenario, Pereira y Varas plantearon que una de las principales medidas debería ser realizar un nuevo proceso de participación ciudadana, que permita discutir el emplazamiento incorporando a habitantes de Caldera, Copiapó, sectores rurales y comunidades presentes en el territorio.

“La consulta ciudadana tiene que volverse a hacer, es algo imperante en este momento”, sostuvo Varas durante la conversación.

La organización espera que autoridades regionales y nacionales puedan abrir una instancia de diálogo antes de que el proyecto entre en una fase irreversible.

Para los dirigentes, la discusión no debe reducirse a estar a favor o en contra de una nueva cárcel, sino determinar qué ubicación permite compatibilizar la necesidad de infraestructura penitenciaria con la seguridad y calidad de vida de las comunidades.

El antecedente de Rancagua que inquieta a los vecinos

La preocupación planteada desde Caldera encuentra un antecedente reciente en la Región de O’Higgins.

En julio, El Tipógrafo informó sobre las externalidades denunciadas por vecinos de la cárcel de Rancagua. Dirigentes de sectores aledaños como La Gonzalina y La Moranina se reunieron con el subsecretario de Justicia para exponer problemas que aseguran enfrentar desde hace años.

Entre las situaciones denunciadas aparecen lanzamientos de droga hacia el recinto, persecuciones policiales, comercio ilegal, vehículos circulando a alta velocidad, fuegos artificiales e incluso disparos. Los vecinos también manifestaron preocupación ante la futura incorporación de aproximadamente 900 camas adicionales al establecimiento.

El caso es observado con atención desde Caldera porque muestra cómo las externalidades de una cárcel pueden extenderse más allá de sus muros y convertirse en una preocupación permanente para las comunidades cercanas.

Precisamente ese escenario es el que los representantes de la Unión Comunal aseguran querer prevenir antes de la construcción de El Arenal.

Por ahora, el llamado de los dirigentes es a que las autoridades vuelvan a conversar con las comunidades y evalúen alternativas. Su posición, insistieron, no es rechazar la necesidad de una nueva cárcel para Atacama, sino reabrir la discusión sobre su ubicación antes de que comiencen las obras.

Proyecto contempla 2.160 internos y cerca de 600 funcionarios

El proyecto de la Cárcel El Arenal considera una inversión cercana a US$300 millones, según los antecedentes publicados por el MOP. Además de sus 15 módulos de reclusión, contempla una unidad de salud penal, escuela, talleres industriales, espacios deportivos, central de alimentación, generación fotovoltaica y tratamiento de aguas. También contará con dependencias para aproximadamente 600 funcionarios de Gendarmería.

Posteriormente, durante su tramitación ambiental, se informó que el proyecto considera una inversión de US$308 millones y una superficie construida de 76.575 metros cuadrados. La planificación contempla aproximadamente cuatro años de construcción y proyecta su entrada en funcionamiento para 2031, dependiendo del avance de su evaluación y permisos.