VALPARAÍSO. El diputado Juan Santana cuestionó duramente el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que crea un registro de vándalos e incivilidades, asegurando que la iniciativa establece un trato desigual entre distintos tipos de delitos y que podría transformarse en una herramienta de carácter clasista al concentrar sanciones en sectores vulnerables.

En un primer bloque explicativo, el parlamentario señaló que si bien la idea de abordar las incivilidades urbanas puede parecer razonable desde la perspectiva de la seguridad pública, el contenido del proyecto mezcla conductas de distinta gravedad, lo que a su juicio genera una distorsión normativa.

El diputado advirtió que el texto legal incorpora desde delitos graves hasta faltas menores sancionadas actualmente por juzgados de policía local, lo que, según afirmó, podría derivar en una aplicación desigual de la ley.

“Se mezclan delitos graves con faltas menores como si tuvieran la misma gravedad”, expresó el parlamentario.

Acusaciones de desigualdad en la persecución de delitos

En este segundo bloque, Santana cuestionó lo que considera una falta de coherencia en la política de seguridad, señalando que el proyecto pone énfasis en sancionar incivilidades urbanas, pero no aborda con igual rigor los delitos asociados a corrupción o abusos económicos.

El legislador sostuvo que mientras se discuten medidas para perseguir grafitis o desórdenes públicos, no se observan iniciativas equivalentes para enfrentar delitos de cuello y corbata, colusiones o fraude al fisco.

“Aquí se castiga con dureza a unos, pero hay guante blanco para otros”, afirmó, apuntando a una posible desigualdad en el enfoque legislativo.

Impacto del registro en derechos sociales y beneficios estatales

Uno de los puntos más críticos planteados por el diputado se refiere a las consecuencias del ingreso a este registro, que incluiría restricciones en el acceso a beneficios del Estado.

En este bloque explicativo, Santana advirtió que las sanciones contempladas podrían afectar derechos como la gratuidad universitaria, el acceso a subsidios habitacionales, beneficios sociales y tarifas rebajadas en transporte público.

Según explicó, estas medidas podrían generar un impacto desproporcionado en familias de menores ingresos, ampliando brechas sociales ya existentes.

Cuestionamientos por posible sesgo socioeconómico

El parlamentario insistió en que el proyecto podría terminar afectando principalmente a sectores populares, debido a que las sanciones tendrían mayor impacto en personas que dependen de ayudas estatales.

En este bloque, sostuvo que para personas con mayores ingresos las restricciones tendrían un efecto limitado, mientras que para trabajadores, estudiantes o familias vulnerables podrían significar una afectación directa a su calidad de vida.

“Termina siendo una ley clasista que castiga de manera distinta según la condición económica”, señaló.

Debate sobre convivencia y enfoque de seguridad

Finalmente, Santana sostuvo que si bien es necesario abordar las incivilidades y fortalecer la convivencia urbana, estas políticas deben basarse en criterios de justicia social y proporcionalidad.

En este bloque explicativo, el diputado llamó a revisar el enfoque del proyecto para evitar que se transforme en una herramienta de exclusión o desigualdad, enfatizando que la seguridad debe construirse con equilibrio entre control y derechos.

“La seguridad y la convivencia deben construirse con justicia, y la justicia no puede ser clasista”, concluyó el parlamentario.