La discriminación por nacionalidad, discapacidad, género, orientación sexual o condición social sigue siendo una realidad presente en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Frente a ello, Chile cuenta con una serie de normativas destinadas a promover la inclusión y resguardar derechos, tema que fue abordado en Radio Madero por el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, Pablo Díaz.

Ley Zamudio y discriminación arbitraria

Durante la conversación, el profesional explicó los alcances de la Ley Zamudio (20.609), normativa que establece medidas contra la discriminación arbitraria y permite que personas afectadas por exclusión o trato desigual puedan recurrir a mecanismos legales para defender sus derechos.

“No se puede discriminar por sexo, raza, religión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra condición que coloque a una persona en una situación de vulnerabilidad. La ley permite reclamar cuando existe una discriminación arbitraria”, señaló Díaz.

El abogado explicó que esta normativa no solo protege a personas de la diversidad sexual, como comúnmente se cree, sino también a migrantes, personas con discapacidad, minorías religiosas y otros grupos que puedan verse afectados por actos discriminatorios.

Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad

Respecto de la Ley 20.422, orientada a la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, Díaz indicó que esta establece obligaciones específicas relacionadas con accesibilidad universal y condiciones adecuadas para el acceso al trabajo, la educación y los servicios.

“Todavía existen casos donde personas son excluidas de oportunidades laborales por tener una discapacidad. Eso sigue ocurriendo y lamentablemente no todos los casos llegan a denunciarse”, afirmó.

Inclusión laboral y cumplimiento de la normativa

Otro de los cuerpos legales analizados fue la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, que obliga a empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores a destinar al menos un 1% de sus puestos laborales a personas con discapacidad. Según explicó el especialista, el cumplimiento aún presenta importantes brechas.

“Del total de servicios públicos obligados a cumplir, menos del 50% alcanza actualmente el porcentaje exigido por la ley. Hoy incluso el incumplimiento puede derivar en sumarios y eventuales responsabilidades administrativas”, advirtió.

Protocolos contra el acoso y la discriminación en la educación superior

En materia educativa, Díaz destacó la importancia de la Ley 21.369, que obliga a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica a contar con protocolos para prevenir, investigar y sancionar situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género dentro de sus comunidades.

Inclusión y diversidad en los establecimientos educacionales

Finalmente, el abogado abordó la Ley de Inclusión Escolar, cuyo objetivo es garantizar el respeto a la diversidad cultural, religiosa y social dentro de los establecimientos educacionales. “La idea es que nadie sea excluido por su origen, nacionalidad, situación económica o creencias. La diversidad debe ser entendida como una riqueza dentro de las comunidades educativas”, sostuvo.

Orientación jurídica para la ciudadanía

Díaz llamó a la ciudadanía a informarse sobre estas normativas y ejercer sus derechos cuando corresponda. Asimismo, recordó que la Corporación de Asistencia Judicial presta orientación jurídica gratuita en diversas materias y puede apoyar a quienes enfrenten situaciones de discriminación o vulneración de derechos.