Un nuevo capítulo judicial se abre en la comuna de Tierra Amarilla tras la decisión del Tribunal Ambiental de admitir a trámite una demanda por presunto daño ambiental presentada por habitantes de la localidad en contra del Fisco de Chile y de importantes compañías mineras que operan en la zona.

La acción legal busca que la justicia determine si la presencia histórica de botaderos, acopios y depósitos de residuos mineros ubicados tanto en las cercanías como dentro del radio urbano de la comuna ha generado una afectación significativa sobre distintos componentes ambientales y sobre la calidad de vida de sus habitantes.

Los demandantes sostienen que existiría una situación de daño ambiental de carácter acumulativo, crónico y permanente, vinculada a emisiones de material particulado fino y a la presencia de metales asociados a antiguos y actuales depósitos mineros presentes en sectores próximos a áreas habitadas.

Una demanda contra el Estado y empresas mineras

La acción judicial fue presentada en contra del Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado.

Según se expone en la presentación, los demandantes consideran que las actividades vinculadas a residuos mineros habrían generado impactos sobre diversos componentes del entorno, incluyendo la calidad del aire, los suelos, la flora, la fauna y los ecosistemas presentes en la comuna.

Asimismo, la demanda plantea una eventual afectación al medio humano, concepto que en materia ambiental considera factores asociados a la calidad de vida de las personas, el entorno sociocultural y las condiciones de habitabilidad de una comunidad.

Uno de los aspectos centrales de la acción judicial apunta a sectores cercanos a Villa Estadio, la Escuela Luis Uribe y el sector de Nantoco, donde los habitantes sostienen que la persistencia de emisiones de material particulado mantendría vigente la situación denunciada.

Medidas solicitadas

Entre las principales solicitudes presentadas ante el tribunal se encuentran una serie de medidas destinadas a remediar, controlar y prevenir eventuales impactos ambientales.

Los demandantes solicitaron la remoción, estabilización, confinamiento o cobertura definitiva de depósitos de residuos mineros que consideran potencialmente riesgosos para la población y el entorno.

Además, solicitaron la prohibición del tránsito de camiones sin sistemas adecuados de contención de carga a través de zonas urbanas de la comuna, una medida orientada a reducir la dispersión de material particulado.

La acción también contempla la implementación de programas permanentes de monitoreo ambiental, el desarrollo de estudios técnicos independientes para evaluar la dispersión de partículas y la adopción de planes de seguimiento y remediación ambiental de largo plazo.

Según la demanda, los costos asociados a estas medidas deberían ser asumidos por las entidades demandadas en caso de acreditarse la existencia del daño ambiental denunciado.

La medida cautelar que fue rechazada

Junto con la demanda principal, los habitantes solicitaron una medida cautelar innovativa destinada a obtener antecedentes técnicos de manera anticipada.

La petición consistía en ordenar la realización de análisis químicos y mineralógicos de materiales presentes en sectores cercanos a Villa Estadio y la Escuela Luis Uribe.

El objetivo era elaborar un informe técnico-científico que permitiera determinar la composición de dichos materiales y evaluar eventuales riesgos ambientales o sanitarios asociados a su presencia.

Sin embargo, tras revisar los antecedentes presentados, el tribunal resolvió no acoger la medida cautelar.

De acuerdo con la resolución, los antecedentes acompañados por los solicitantes no permitían configurar una presunción grave del derecho reclamado ni acreditar la existencia de un riesgo actual, concreto e inminente que justificara la adopción inmediata de la medida solicitada.

La decisión fue adoptada por mayoría. No obstante, el ministro Marcelo Hernández Rojas emitió un voto en contra, manifestando que era partidario de conferir traslado y solicitar antecedentes adicionales antes de pronunciarse definitivamente respecto de la medida cautelar requerida.

Qué significa la admisión a trámite de la demanda

La admisión a trámite constituye una etapa inicial dentro de un proceso judicial ambiental. Este acto no implica que el tribunal haya determinado la existencia de daño ambiental ni que se haya establecido responsabilidad alguna respecto de las entidades demandadas.

Lo que ocurre es que el tribunal considera que la acción cumple los requisitos legales necesarios para iniciar formalmente la tramitación de la causa.

A partir de ahora comenzará una etapa procesal que permitirá recopilar antecedentes, escuchar los argumentos de todas las partes involucradas y analizar la evidencia que sea presentada durante el juicio.

Tras la admisión de la demanda, el siguiente paso será la notificación formal a cada uno de los demandados.

Posteriormente, tanto el Fisco de Chile como las empresas involucradas dispondrán de un plazo legal para presentar sus descargos y responder a las acusaciones contenidas en la acción judicial.

A partir de ese momento se desarrollarán las distintas etapas procesales contempladas por la legislación ambiental chilena, incluyendo la presentación de pruebas documentales, informes periciales, antecedentes técnicos y declaraciones de especialistas.

El objetivo final del proceso será determinar si efectivamente existe un daño ambiental significativo, identificar eventuales responsabilidades y, en caso de acreditarse la afectación denunciada, establecer las medidas necesarias para su reparación.

Un caso que vuelve a poner el foco sobre Tierra Amarilla

La causa, identificada con el Rol D-39-2026, vuelve a situar a Tierra Amarilla en el centro del debate sobre la convivencia entre actividad minera, desarrollo económico y protección ambiental.

La comuna ha sido históricamente uno de los principales territorios mineros de Chile, concentrando importantes operaciones vinculadas a la extracción de cobre y otros minerales que han contribuido significativamente al desarrollo económico regional y nacional.

Sin embargo, durante años distintos sectores de la comunidad han manifestado preocupaciones relacionadas con los efectos ambientales asociados a esta actividad, especialmente respecto de la presencia de depósitos mineros próximos a áreas habitadas.

Ahora será el Tribunal Ambiental el encargado de analizar los antecedentes presentados por las partes y determinar, conforme a la evidencia científica y jurídica que se incorpore al proceso, si existe o no el daño ambiental denunciado y cuáles podrían ser las medidas que correspondan adoptar.